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¡NANKI ACHIKTA! Una mirada a las resistencias indígenas al extractivismo en la Amazonía peruana (Condorcanqui y Datem del Marañón)

En 2011, el ex militar Ollanta Humala realizó su campaña electoral haciendo grandes promesas a los pueblos indígenas y campesinos del Perú: el líder del partido nacionalista hablaba de un cambio de ruta en la política peruana, un proyecto de “gran transformación” que habría defendido los intereses de la población frente a la voracidad de las multinacionales. A los pocos meses de su elección, Ollanta se quitó su disfrace respondiendo con una brutal represión a los campesinos de Cajamarca que se oponían al proyecto Conga, proyecto de mega-minería a cielo abierto de la empresa Yanacocha (Newmont – Buenaventura). En abril de 2012, el presidente de Petroperú anunció la concesión de 22 nuevos lotes petroleros en la selva amazónica. En julio de este año (2014) el gobierno promulga una serie de medidas legislativas para “reactivar la economía”: se recortan las funciones del Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental, institución del Ministerio de Energía y Minas ya criticada por su ineficiencia y su condescendencia hacia las empresas responsables de la contaminación; se reducen las sanciones que el OEEA puede imponer a las empresas hasta el 35% del máximo actual; los tiempos de aprobación de los Estudios de Impacto Ambiental también se reducen y se impone que sea el Consejo de Ministros, y no el Ministero del Ambiente, el que decida en la creación de áreas reservadas, y en la fijación de estándares de calidad ambiental (ECA) y límites máximos permisibles (LMP) de contaminación. Una serie de medidas elaboradas expresamente para que la legislación medioambiental no pueda interferir con el trabajo de las empresas. Un regalo al sector minero-energético que suena a provocación, en un país donde existen más de 200 conflictos socio-ambientales y donde cada gobierno deja un saldo de varias decenas de manifestantes muertos por las balas de la policía…

Proponemos aquí una mirada a las resistencias a las empresas mineras y petroleras en las provincias de Condorcanqui y Datem del Marañón, dos de las regiones más afectadas por la presión del extractivismo y donde se han desarrollado procesos interesantes de resistencia.