Hoy, el proyecto turístico, administrado por 40 familias de comunidades de Junín y de Chalguayacu Alto, proporciona trabajo a una veintena de personas. Al lado de otras alternativas a la mina instauradas en Intag, el ecoturismo comunitario es parte integral del modelo de desarrollo socialmente más justo y respetuoso de la naturaleza, construido hoy bajo las reglas del cantón Cotacachi.
Las políticas de desregulación de la década de los noventa y, principalmente, el proyecto de "Desarrollo minero y de control del medio ambiente", financiado por un préstamo del Banco Mundial y las donaciones extranjeras, facilitaron la instalación de multinacionales. La nueva Ley Minera impuso ciertas condiciones para atraer las "inversiones privadas" y transformó los recursos naturales en objetos de especulación económica.