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Artículos de prensa

Assassinat de dirigeant des Rondas Campesinas de Yagen, Cajamarca

Hitler Ananías Rojas Gonzales de 34 años, es el líder ambiental que fue asesinado de 5 balazos hoy lunes al promediar las 9 de la mañana por desconocidos cuando transitaba por un paraje del camino que conduce hacia su casa, ubicada a 20 minutos del Centro Poblado de Yagen, distrito de Cortegana, provincia de Celendín, región Cajamarca.

Según informan pobladores de Yagen, Hitler Rojas, era un acérrimo opositor a la construcción de represas en el río Marañón, por el impacto ambiental negativo y el desplazamiento poblacional que ocasionará la construcción de represas.

MUJERES EN LA LUCHA: RONDAS FEMENINAS DE CAJAMARCA Y >> ASHANINKAS CONTRA EL EXTRACTIVISMO (PERU)


Rondas femeninas El TamboRondas femeninas El TamboHablar de las luchas de las mujeres en defensa de su territorio y del medioambiente es contar la historia de las rondas femeninas del Tambo[1].

Las rondas campesinas son una organización civil sui generis que se fundaron en 1978 en Cuyumalca, provincia de Chota[2], en el departamento de Cajamarca, al nororiente del Perú. El fin de las rondas es de velar por la seguridad y combatir la delincuencia. Posteriormente, las rondas campesinas jugaron un rol muy importante en la lucha contra Sendero Luminoso[3] y esta agrupación no logró implantarse en Cajamarca quedando asi este departamento libre de la guerra civil que aquejaba al pais entre los años 1982 y 1992[4]. Los miembros de las rondas son escogidos a mano alzada en asambleas. El miembro que falle se destituye también inmediatamente. La organización tiene reglamentos, estatutos y mandamientos de conducta[5] que convierten a las rondas en una organización muy respetada y con elevada ética de conducta y mucho poder. Las rondas fueron reconocidas legalmente con el artículo de la constitución 149 peruana[6] y se rigen bajo la ley de rondas campesinas 27908[7]. Tienen potestad para ejercer la justicia entre sus miembros. Intervienen en todo tipo de casos, desde robos, delicuencia, atentados a las personas, diferendos territoriales, deudas etc; Los casos se resuelven en tribunales en donde los miembros de las rondas emiten un fallo equitativo después de que cada miembro se haya manifestado. El castigo es inmediato y es en general físico. Las rondas han participado activamente en la defensa del territorio luchando contra el extractivismo como en los caso Majaz[8] (provincias de Huancabamba y Ayabaca de la region Piura, las rondas y comunidades campesinas se oponían a la mina con un saldo de siete muertos) Conga[9] (provincias de Bambamarca y Celendín de la región Cajamarca, rondas y población defienden a sus lagunas contra la minera Yanacocha con un saldo de 5 muertos, decenas de heridos y centenares procesados) y muchos otros.  Muchos ronderos han fallecido en estas luchas. Más adelante se crearon las rondas femeninas y hoy en dia existen también rondas urbanas.



[1]  un sistema de auto-organización campesina para el resguardo de sus tierras y el orden comunitario

[2] Organizacion de las rondas campesinas: http://cunarcperu.org/

[3] Grupo terrorista cuyo nombre oficial era Partido Comunista del Peru- Sendero Luminoso de orientacion marxista-leninista-maoista-polpotiano que desato una guerra civil en el Peru en los años 80

[4] Informe final de la Comision de la Verdad Peru: http://www.cverdad.org.pe/ifinal/index.php

[8] Observatorio de Conflictos Mineros América latina: http://www.conflictosmineros.net/noticias/19-peru/18...

[9] Ver declaratorias ante el OHCRH A/HRC/25/NGO/31, A/HRC/24/NGO/10, A/HRC/23/NGO/4, A/HRC/22/NGO/31, A/HRC/21/NGO/77 y A/HRC/20/NGO/63

 

La grieta que divide a Íntag

¿Por qué una población que resistió veinte años a la minería se está fraccionando? 

A la una de la mañana sonó el teléfono de Ileana Torres: “Mija, soy Javier, estoy detenido, algún día he de regresar”. La llamada de su esposo, el dirigente comunitario Javier Ramírez, se cortó. Era la madrugada del 11 de abril del 2014. Ramírez había sido apresado por cargos de rebelión y sabotaje. La Empresa Nacional de Minería del Ecuador (Enami) acusó a Ramírez y a un grupo de campesinos de lanzar piedras al parabrisas de una camioneta en la que unos ingenieros ingresaban al área de concesión del proyecto minero Llurimagua. Son cerca de cinco mil hectáreas para la exploración y extracción de cobre en la zona Íntag, en Imbabura, una pequeña provincia del norte de la sierra ecuatoriana. Han pasado siete meses y Ramírez no ha regresado a su casa.

Un camino que atraviesa ríos y fincas abrazadas por árboles conduce a Junín, una de las setenta y seis comunidades de Íntag. Esta población se ha opuesto a la minería durante veinte años. Logró que dos multinacionales, la japonesa Bishi Metals, en los noventas, y  la canadiense Ascendant Copper, en la década del 2000, tuvieran que retirarse de la zona. Sin embargo hoy, Íntag está dividido. Las fachadas de algunas casas reflejan la discrepancia que ahora existe en el pueblo: unas tienen posters que promocionan los beneficios de la minería y otras expresan su rechazo.

Pacto dice NO A LA MINERÍA

Hoy, 12 de abril de 2015, día en el que las comunidades de Pacto realizamos la Consulta Comunitaria de Buena Fe sobre la extracción minera en nuestra parroquia, es un día histórico para la democracia, para Pacto y para el país. El 92.36% de votantes decidimos que Pacto sea una parroquia libre de minería.
 
Las comunidades de Pacto nos organizamos para realizar esta gran minga democrática que es la Consulta Comunitaria de Buena Fe para defender nuestros derechos.
 
Se inicia una época de luz para los pueblos, un proceso en el que decidimos sobre nuestra tierra y nuestra vida y podemos sonar con nuestro futuro y el futuro de nuestras hijas e hijos.
 
Agradecemos a todos los moradores de Pacto y sus comunidades que han sido parte de esta fiesta democrática. Agradecemos el resguardo de la policía comunitaria. Agradecemos a las y los observadores, las organizaciones sociales y a los moradores de Gualea, Nanegalito e Intag; al GAD Parroquial de Pacto, la Asamblea de los Pueblos del Sur,

El triunfo del post extractivismo en 2015

Mina a cielo abiertoMina a cielo abiertoPaíses como Perú, Brasil y Colombia exportan, en toneladas, mucho más de que lo importan, y no consiguen ni pagar sus importaciones.

Mientras algunos dirigentes políticos sudamericanos, tanto neoliberales como nacionalistas populares, se empecinan en fomentar las exportaciones primarias e incluso aseguran que para salir del extractivismo hace falta más extractivismo (en opinión del presidente Rafael Correa), se acumulan datos que indican un fracaso económico.

Comprobamos que Brasil registró en 2014 un déficit de 3.930 millones de dólares en su balanza comercial, el primer saldo rojo en 14 años. Mientras las exportaciones alcanzaron 225.101 millones de dólares (7% menos que el año anterior), el monto de las importaciones fue de 229.031 millones. La causa: el menor precio del mineral de hierro y de la soja. Brasil sigue exportando muchísimas más toneladas que las que importa, pero vende barato, "a precio de banana", como se dice en portugués. La reacción irracional de algunos ministros es fomentar más las exportaciones primarias.

Cuestionan “pasividad” de Canadá frente a los abusos que cometen sus mineras

El Gobierno canadiense ocupa desde esta semana el banquillo de los acusados, luego de que se le imputara responsabilidad en las violaciones a los derechos humanos que cometen sus empresas del sector minero en los países de América Latina donde están presentes.

La grave acusación se dio el martes 28 de octubre en una audiencia ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).

Una de las expositoras fue la coordinadora para Latinoamérica de la organización Mining Watch Canada, Jennifer Moore, quien acusó a este país de ser “cómplice por acción y omisión” de las violaciones que comenten sus empresas.

Es por ello que junto a representantes de otros organismos defensores de derechos pidió al gobierno en cuestión realizar un “cambio radical” en su política exterior. Esto debido a que no se trata de casos aislados, sino de toda una avalancha de denuncias, entre los que figuran como afectados, entre otros, población indígena.

El estudio “El impacto de la minería canadiense en América Latina y la responsabilidad de Canadá”, presentado a inicios de año ante la CIDH, recoge este tipo de denuncias en contra de mineras canadienses presentes en nueve países de Latinoamérica.

En dicho material se registra cómo el Gobierno ha apoyado proyectos extractivos incluso después de que sus funcionarios tuvieron conocimiento de los abusos que se estaban cometiendo, los mismos que, precisa el informe, estuvieron ampliamente documentados.

Denuncias de este tipo y gravedad vienen afectando sin duda la imagen que se tiene de la minería canadiense, imagen que se ha creado sobre la base de una serie de mitos que la colocan como ejemplo para otros países.

Si bien las acusaciones se han venido dando en la última década, el Gobierno canadiense no ha logrado hasta ahora formular una respuesta adecuada a las recomendaciones hechas por diferentes organismos. Así lo sostiene el informe de la Red Canadiense sobre la Rendición de Cuentas que se presentó en la audiencia del martes.

La presencia del Gobierno durante la audiencia se dio en la persona de Dana Cryderman, representante alterna de Canadá ante la Organización de Estados Americanos (OEA).

Agua mas allá del Estado

La autonomía y horizontalidad son parte de las formas tradicionales organizativas de los bolivianos.  Juntas constituyen  una manera real, práctica, cotidiana de entender lo público y de vivir la democracia participativa siempre al margen del Estado y de los gobiernos de turno.

Los comités de agua de la zona sud de la ciudad de Cochabamba, la cuarta ciudad mas grande de Bolivia,  son el epitome de las formas autonómicas y horizontales bolivianas. Esta red todavía activa, se volvió visible después de la ‘guerra del agua’ del 2000., cuando una movilización popular de gran escala detuvo los intentos de privatizar el sistema publico de agua de la ciudad.

Mientras muchos asocian la guerra del agua con la noción de verdadera democracia, esta descripción pudiera poseer una contradicción en si misma:  una guerra –cualquier guerra- implica violencia, pérdida de energía y recursos, muertes, desacuerdo y la democracia (como la conocemos en Occidente), tiene la función de precisamente evitar todo aquello. Pero el conflicto no fue una simple batalla  por la defensa de un recurso. Uno de los principales motivos de tal(es) conflicto(s) fue precisamente la histórica y permanente lucha de las y los bolivianos por defender su derecho a decidir de una manera horizontal y autónoma sobre sus propias necesidades, es decir: su imperiosa y siempre pospuesta necesidad de vivir en verdadera democracia.

En septiembre de 1999, el Servicio Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de Cochabamba (SEMAPA) fue vendido al consorcio Aguas del Tunari, una empresa que tenía como socio mayoritario a la corporación Bechtel. Esto fue el corolario de un proceso largo de ajustes estructurales  guiados y auspiciados por el Banco Mundial y El Fondo Monetario Internacional desde mediados de los años 80’s en los países latinoamericanos, incluida Bolivia. Des pues de la privatización, los ciudadanos del valle boliviano empezaron a enfrentar aumentos excesivos de las tarifas, al mismo tiempo que las cooperativas y comités de agua se encontraron administrando servicios de agua sin concesiones estatales, lo que significaba que Aguas del Tunari podía enjuiciarlos por competencia ilegal y podía también apropiarse de esos sistemas. Este panorama siniestro dio origen a la Coordinadora de Defensa del Agua y la Vida (comúnmente llamada Coordinadora del Agua). Después de varios meses de negociaciones con el Estado y confrontaciones con las fuerzas armadas, la Coordinadora, logró expulsar a la compañía.

Muchas realidades se hicieron visibles por primera vez y con claridad a partir de la Guerra del Agua del año 2000 en Cochabamba. Por ejemplo, un sinfín de formas de organización que no están regidas por las estructuras occidentales de democracia, un caso es el de los Comités de agua de la ciudad de Cochabamba, que fueron centrales en el actuar de la Coordinadora del agua y que a partir de los enfrentamientos del 2000 y junto a los demás sectores que participaron activamente en aquellos hechos, establecieron redes de contacto entre sí e iniciaron procesos de coordinación y cooperación mutua.

Los Comités de agua de Cochabamba son particularmente tradicionales de la zona Sur de esta ciudad, pero se encuentran en toda el área periurbana de la ciudad La zona sur está compuesta por seis distritos y que tiene la mitad de la población de la ciudad: hablamos de mas de doscientos mil habitantes. Esta zona tiene entre cien y ciento veinte Comités de agua a los que se suman 400 en toda el área metropolitana de Cochabamba de acuerdo a Stefano Archidiacono de la ONG CeVI. Entonces estamos hablando de miles de personas organizadas alrededor—pero no exclusivamente—del agua.

Aunque en Bolivia no existen dos servicios que operen de la misma manera, está claro que en el caso del agua, las organizaciones del tipo de los Comités, mantienen la visión del agua como un ser viviente, divino; como la base de la reciprocidad y la complementariedad. Un ser que es de todos y es de nadie, un ser que es visto como una expresión de flexibilidad y adaptabilidad, quien ayuda  a la naturaleza a crear y transformar la vida y permite la reproducción social. El desarrollo de las asambleas de estos Comités de agua reflejan esos usos y costumbres de la comunidad, estas organizaciones son una manera de crear comunidades, similares a las que existen en las zonas rurales, en la urbe.

NO A LA MINA DE CARBÓN EN EL RÍO SOCUY

La energía limpia de la Venezuela del siglo XXI

Venezuela tiene todas las condiciones naturales para generar casi toda su energía eléctrica en base a la energía eólica y solar, y el Zulia reúne todas las condiciones para hacerlo, más cuando ya posee el inicio de las instalaciones del Parque Eólico de La Guajira, y científicos del IVIC tiene la técnica necesaria para hacer más eficientes los paneles solaras y las intenciones plenas de ser instalados debajo de los aerogeneradores de este parque en la Guajira, lo que significaría generar casi el doble de la energía que sale del Gurí (18.000 MV).

El siglo XXI es la era de la energía limpia, pues así los políticos de Brasil, Argentina, México, o Chile, por decir algunos de América Latina, lo entendieron, por no nombrar a los de Alemania, Francia, o España en la vieja Europa. Estos presidentes y sus organizaciones políticas comenzaron a entender que la era del imperio de la energía fósil (petróleo, gas y carbón) y nuclear debe ser superada en el Siglo XXI, pues es muy serio lo que más de 2000 científicos especialistas en clima nos anuncian todos los días: que la vida en y del planeta tierra está seriamente amenazada, que nos equivocamos en el uso ciego del concepto de desarrollo y progreso a partir de los combustibles fósiles, la ciencia y la tecnología; que la nueva civilización a venir desde ahora no puede estar montada en la energía fósil, pues genera muerte, guerra, hambre, sed y destrucción, sino en energía limpia y en el respeto de lo diverso, por supuesto incluyendo el pensamiento y las creencias.       

Intereses trasnochados del poder imperial de los combustibles fósiles

Tanto en nuestro país, como en todos los cinco continentes, existen intereses que se mueven en sentido contrario de las agujas del reloj, y se resisten en asumir esta verdad histórica, y por lo tanto vienen a escondidas proponiendo abrir en los estados Zulia y Táchira nuevas minas de carbón y plantas eléctricas en base al uso y consumo de esta sucia y contaminante energía a generar de este mineral fósil; sin percatarse que su tiempo pasó, simplemente ya no estamos en el inicio de la revolución industrial europea y del carbón, sino de los saberes de los pueblos y del hidrógeno, del astro rey sol y el viento tan relacionados con “Juyá” como nos dirían los wayuu del Socuy y del embalse Manuelote, sabia y pacientemente orientados por su democrática organización Maikiraalasalii.

Es en este lugar de wayuu y de Juyá, como cuando llegó el carnicero de indios, el conquistador alemán Ambrosio Alfínger en 1531, donde se librará el combate por el futuro y por el uso de la energía limpia, pues estas comunidades wayuu se oponen a entregar sus tierras tradicionales para que se abran enormes cráteres para sacar carbón (10 millones de toneladas métricas al año) como en el río Guasare (6 millones de toneladas métricas al año) y pase una vía férrea para llevarlo a tierras de los Añuu Puerto Bolívar a orillas del Mar Caribe y entrada del Lago de Maracaibo, o Estuario de Maracaibo, como tan acertadamente nos enseñan el biólogo Dr. Carlos Luis Bello y su inteligente compañera Dra. María Isabel Cabrera Fernández, que lo llamemos, por tratarse efectivamente de un estuario.

Petroleras sin escrúpulos en el corazón de la resistencia amazónica

- “Ayer el colonialismo justificaba todas sus barbaridades en nombre de la civilización. Hoy las petroleras lo hacen en nombre del Progreso y el Desarrollo”. Servindi, 6 de setiembre, 2014.- Compartimos un artículo del antrópologo Simone Garra en el que describe el contexto de provocación inescrupulosa que realiza a la población indígena la empresa francesa Maurel et Prom en el corazón de la resistencia amazónica. La empresa que posee la concesión del lote 116 de hidrocarburos en sustitución de la empresa Hocol, de Colombia, insiste en abrir paso a su actividad a pesar de la mayoritaria oposición indígena que aún no supera las huellas que dejó el conflicto de Bagua.Con antecedentes nefastos y empleando métodos divisionistas y moralmente vedados, la empresa Maurel et Prom, actúa en alianza con la canadiense Pacific Rubiales, en un contexto de tensión y conflicto en el que no parecen existir las autoridades peruanas, hecho que favorece a la empresa.¿Hasta dónde quieren llegar el Estado peruano y las empresas petroleras? ¿Seguirán haciéndose paso fomentando los conflictos internos hasta que la región se vuelva el teatro de una espiral de violencia? ¿Qué precio deberán pagar estos hombres y estas mujeres para que se respete su voluntad de preservar sus vidas y sus tierras de la devastación ambiental?”Tales son algunas de las interrogantes que se formula Simone Garra luego de detallar el espinoso escenario. A continuación el artículo de Simone Garra

Servindi : http://servindi.org/actualidad/112742

En la presentación del artículo, Servindi.org comenta: "Con antecedentes nefastos y empleando métodos divisionistas y moralmente vedados, la empresa Maurel et Prom, actúa en alianza con la canadiense Pacific Rubiales, en un contexto de tensión y conflicto en el que no parecen existir las autoridades peruanas, hecho que favorece a la empresa".
Personalmente, no me parece que en la región de Condorcanqui haya una ausencia de las autoridades peruanas, ni pienso que una presencia mayor de las autoridades peruanas representaría un obstáculo a la expansión de la empresa. Las autoridades peruanas tienen una fuerte presencia en Condorcanqui desde la década de 1950, cuando el Estado peruano empezó a militarizar la frontera con Ecuador debido a las tensiones entre los dos países acerca de los límites territoriales recíprocos. Con el objetivo de "civilizar" a la población indígena y pacificar a estos grupos tradicionalmente guerreros, el Estado peruano promovió su escolarización a través de los misioneros jesuitas y los linguistas protestantes del Instituto Linguistico del Verano. Se trata de un proceso que transformó la vida y la organización social de los Awajún, sentando las bases para su dependencia económica y política.

Actualmente, la autoridad peruana se reproduce en la educación impuesta por la escuela, que desprecia la cultura local, promueve ideas machistas y nacionalistas y enseña a los jóvenes a "superarse profesionalmente", estimulando la competitividad entre ellos. Esta misma educación es impartida violentemente a los awajún que son enrolados en el servicio militar.

Tales valores rigen también la administración política de la región, tanto a nivel distrital como provincial. Como en todo el resto del país, aquí también la autoridad peruana es sinónimo de clientelismo y corrupción, lo que favorece ciertamente los intereses de las empresas petroleras.

Finalmente la autoridad peruana es presente con sus fuerzas militares y policiales, listas para intervenir en caso de disturbios, tal como ocurrió el 5 de junio de 2009. Recordamos que la minera Afrodita, instalada en la Cordillera del Cóndor, opera dentro de una zona militar, asegurándose de esta manera las infraestructuras necesarias y la protección de la población local hóstil al proyecto.

Desde mi punto de vista, en Perú, como en todo el mundo, no es la ausencia de autoridades lo que favorece la explotación del hombre y la naturaleza. Por el contrario,  la autoridad del Estado defiende los intereses de los capitalistas, asegurando las condiciones sociales y materiales para su existencia.

Simone Garra
¿Hasta dónde llegarán Maurel et Prom y Pacific Rubiales? Petroleras sin escrúpulos en el corazón de la resistencia amazónica"

Nada parece frenar el insaciable hambre de dinero de las empresas petroleras, responsables en todo el mundo de guerras, corrupción, regímenes totalitarios y desastres ambientales. Hace seis años, en el norte de la Amazonia, los pueblos awajún y wampis empuñaban sus lanzas y se declaraban en pie de guerra: era el inicio de dos períodos de movilizaciones nacionales (2008 y 2009) en la Amazonia peruana contra la invasión del capitalismo internacional y la depredación de los recursos en las tierras indígenas.

“La selva no se vende, la selva se defiende” fue la respuesta de miles de mujeres y hombres que  lucharon en contra de un paquete de leyes cuyo objetivo claro y explícito era eliminar cualquier obstáculo para las grandes inversiones en la región amazónica. El cinco de junio 2009, balas contra lanzas, quizás la represión del Estado no esperaba encontrar una respuesta tan aguerrida: policías desarmados por los manifestantes mueren con sus mismas balas, solidarios en la ciudad de Bagua se levantan y queman los edificios públicos, todo el país tiembla por la ola de rabia que desde la Amazonia llega a los Andes y las costas oceánicas.

Decenas de arrestos; persecución de organizaciones indígenas e instituciones cercanas, torturas en las prisiones. Tres de los manifestantes transcurren más de cinco años en la cárcel. Un proceso se abre el 14 de mayo 2014 contra 53 manifestantes, la justicia pide condenas ejemplares que van desde los 22 años de cárcel a la cadena perpetua. Aterrorizar, reprimir, castigar para imponer el orden de las transnacionales: que nadie se atreva a contestar su dominio absoluto.

Un año después del trágico baguazo, una empresa francesa viene a instalarse en Condorcanqui, en  el corazón de los pueblos awajún y wampis, como si nada hubiera ocurrido. Como si ignorara que estos pueblos, desde sus primeros comunicados, vienen rechazando la presencia de las petroleras en su territorio. Como si ellos no tuvieran suficientes problemas con otras empresas como la minera Afrodita – Dorato Perú, instalada en la Cordillera del Cóndor. Como si los awajún y wampis no hubieran ya reclamado desde 2007 la anulación de la concesión del lote 116 a la colombiana Hocol que la obtuvo en 2006 sin algún proceso de consulta previa (1).

Intag: Terrorismo de estado

IntagIntag1.- Luego de varios viajes al Ecuador, es la primera vez que estoy personalmente en la zona de Intag. Sus montañas, de una belleza conmovedora y generosidad exuberante, vienen dando que hablar bastante en las últimas décadas. Yo escuché de ellas allá por 2005, cuando empezaba las investigaciones para mi tesis doctoral. Me enteré por entonces de uno de los primeros y más fuertes conflictos provocados por la nueva ola de fiebre mineral que se desató desde la última década del siglo pasado en América Latina. La lucha de las comunidades campesinas de Intag contra la Bishi Metals (empresa minera japonesa ligada al holding de Mitsubishi Corporation) en 1997 y más tarde contra la Ascendant Copper Co. (canadiense) en 2002, sería no sólo una de las pioneras, sino también emblemáticas en la defensa de los sistemas de vida locales, amenazados por las crecientes pretensiones extractivistas. Muchas otras resistencias contra mega-proyectos mineros en la región, se inspirarían más tarde en la valentía de esas comunidades al enfrentar y finalmente expulsar a esas grandes corporaciones, que ya en aquellos años supieron desplegar todo el arsenal de violencia diversificada que les es característico: donaciones y persecuciones, sobornos a líderes locales y dirigentes políticos, agresivas campañas mediáticas prometiendo el “desarrollo” y “nuevos empleos”, y hasta el amedrentamiento y las balas de fuerzas parapoliciales… Nada de eso pudo quebrantar entonces la férrea convicción de esas comunidades; para ellas era claro que ninguna promesa de “desarrollo” y de “oportunidades de enriquecimiento” era siquiera comparable a las riquezas, bellezas y bienestar que ellos ya disfrutaban y cultivaban con sus sistemas de vida. Antes que se transformara en un potente concepto político extendido a lo largo y a lo ancho de Nuestra América, antes de que la cartografía de los imaginarios políticos se viera sacudida por la emergencia de un nuevo horizonte emancipatorio condensado en la voz quecha de Sumaj Kawsay, esas comunidades de Intag ya sabían de qué se trataba el BUEN VIVIR… Ellos viven, practican, cultivan y disfrutan del Buen Vivir. Ya desde entonces, ellos saben que ese Buen Vivir nace y depende de sus montañas; han aprendido, por tanto, muy bien que el “desarrollo” es la principal amenaza, el arma más poderosa que apunta, hoy por hoy, contra el Buen Vivir…

Carajás: minería y colonialismo

El Proyecto Carajás iniciado durante la dictadura militar cumple tres décadas y ha convertido a Brasil en potencia minera. Movimientos sociales e instituciones eclesiales y de derechos humanos evalúan los impactos cuando la empresa Vale, la segunda minera del mundo, se apresta a duplicar la producción de hierro en los próximos años.

“Es como un viaje en el tiempo”, explica Santiago Machado Aráoz, activista contra la mina de Andalgalá, en Catamarca, cuando se le pregunta sobre la realidad en Piquiá, barrio industrial de Açailandia contaminado por las siderurgias que procesan arrabio a partir del mineral de hierro de Carajás. “Calles empedradas, casas sencillas de madera, el paso ruidoso del tren y el polvo de hierro permanente, forman un paisaje gris de día y de humo rojizo de noche, porque trabajan las 24 horas”.

Santiago fue uno de los centenares de participantes del “Seminario Internacional Carajás 30 Años”, organizado en São Luis, la capital de Maranhão, el estado más pobre de Brasil, por una alianza entre el Movimiento Sin Tierra (MST), la Red Justiça Nos Trilhos (Justicia en las Vías) iniciativa de los Misioneros Combonianos, el Foro Carajás, Cáritas y el Grupo de Estudios de Desarrollo, Modernidad y Medio Ambiente de la Universidad Federal de Maranhão.

El Seminario se realizó entre el 5 y el 9 de mayo con la participación de unas mil personas de varios estados de Brasil y de una decena de países donde hay actividades mineras. Destacaron las ponencias de representantes de organizaciones contra la minería de Argentina, Chile, Perú, México y Colombia, así como activistas de Canadá y Alemania. Se presentó el film del cineasta maranhense Murilo Santos, “La pelea del pueblo contra el dragón de hierro”.

Las críticas al Proyecto Gran Carajás, iniciado en 1982 por la dictadura militar, están focalizadas en la contaminación de las acerías de Piquiá y los daños que provoca el tren que atraviesa más de cien poblados, considerado el mayor emprendimiento ferroviario minero del mundo. A diferencia de lo que sucede ante otros emprendimientos mineros, los daños sociales son destacados por encima incluso de los ambientales, aún tratándose de la selva amazónica, ecosistema sensible y frágil.

Destacó la presencia de afectados por la Vale, campesinos, indígenas y habitantes de pueblos contaminados como Piquiá y Açailandia. La semana culminó con una manifestación desde la universidad hasta el palacio de gobierno en el centro histórico, donde se escucharon fuertes críticas a la gobernadora Roseane Sarney, integrante de una oligarquía local que dispone del estado desde hace muchas décadas.

CONO SUR - El modelo extractivo rechazado en las calles

11 de Octubre de 2013 - Programa de las Américas - Pascua Lama, la mina de oro de Barrick Gold, está congelada por decisión de la Corte Suprema de Chile. Monsanto debió paralizar la construcción de una planta de semillas en Córdoba por la masiva oposición de la población. Las grandes empresas extractivas empiezan a cosechar derrotas.

“En democracia los desaparecidos somos los pueblos”, dijo Mercedes Maidana, quien se definió como “colla trashumante” que no ha dejado de cultivar la tierra pese a que vive en una de las ciudades del norte argentino. Con esa frase estableció un hilo rojo entre las dictaduras y los regímenes actuales durante el encuentro “Desde el extractivismo a la re-construcción de alternativas”, realizado a fines de agosto en Buenos Aires [1].

Dos años de resistencia al proyecto conga

Hace dos años el Presidente de la República, Ollanta Humala Tasso, decidió no cumplir la promesa que hizo como candidato en Cajamarca de defender el agua frente a los proyectos de explotación de oro.

Toronto, corazón del imperio minero

“Prosperidad canadiense”, decadencia mundial.

Lejos de la imagen apacible que Canadá construye de sí misma, en Toronto, una de las principales ciudades del país, se concentran los más turbios negocios de la minería mundial. Mientras que el gobierno brinda seguridad jurídica y diplomática para resguardar a las empresas, el mercado especulativo aporta las herramientas !nancieras para su desarrollo.

“ En general, dentro de la industria minera, los capitales de riesgo vienen de Canadá”, lanza, con tono de certeza, el ingeniero belga René Nollevaux, administrador de una mina de cobre en la provincia congolesa de Katanga (1). De hecho, el 75% de las compañías mineras del mundo elige ese país para registrarse y el 60% de las que emiten acciones en Bolsa se inscribe en el Toronto Stock Exchange (TSX), donde, entre 2007 y 2011, se destinaron 220.000 millones de dólares canadienses al financiamiento mediante acciones en el sector minero – más de un tercio del total mundial –, lo cual ubica a Toronto muy por delante de su competidor directo, el London Stock Exchange (LSE). En 2011, el 90% de las acciones emitidas por el sector minero en el mundo fueron administra das por el TSX (2).

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