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Perú: criminalización de los movimientos socio-ambientales

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Los activistas anti minería de la región de Piura, los agricultores indígenas de Amazonia que se oponen al proyecto de ley que permitirá la venta de tierras de bosque a empresas privadas, así como muchos otros líderes y militantes de movimientos sociales y socio ambientales en Perú son llevados ante la justicia por actos de terrorismo y por “estar vinculados con el gobierno venezolano”. La Confederación General de Trabajadores del Perú (CGTP) denuncia una “colombianización” de las practicas del poder en funciones que, bajo pretexto de la lucha contra el "terrorismo", aumenta la represión contra los movimientos sociales.

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