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Asesinato de José Tendetza, opositor a la mega-minería en Ecuador

Communicado
Fecha de publicación: 
Miércoles, 10 Diciembre, 2014
Por: 
Collectif ALDEAH

El miércoles 3 de diciembre del 2014, José Tendetza, dirigente de la comunidad Shuar de Yanua (Cantón el Pangui, Provincia de Zamora-Chinchipe, Ecuador), y fiero oponente a la industria minera a gran escala, fue encontrado muerto en un afluente del río Zamora. José permanecío desaparecido cinco días, pero una vez encontrado, la policía se apresuró a enterrar su cuerpo, el cual habría sido entregado por unos empleados de la mina Mirador (proyecto en proceso de explotación por la empresa china ECSA). Un entierro sin una autopsia previa. Para reconocer el cuerpo, un miembro de su familia solo tuvo derecho a una fotografía del difunto, en la cual aparecía amarrado con una cuerda color azul.

La empresa ECSA (Ecuacorriente, filial de las sociedades chinas Tongling y China Railways), inició una acción judicial contra José Tendetza, en noviembre del 2013, después que el líder indígena rechazara ser expropiado de su territorio. Así mismo, José fue objeto de varias amenazas. En el momento de su desaparición, se dirigía a una reunión de la Asociación Shuar de Bomboiza, para tratar problemas relacionados a las actividades de la empresa minera en la región.

Los autores físicos y morales del crimen hasta el momento son desconocidos, sin embargo, y tomando en cuenta la cantidad de asesinatos a líderes, militantes, sindicalistas y campesinos en América Latina, es probable que la muerte de José Tendetza tenga relación con sus actividades militantes. Querían impedirle que llegara a la reunión en Bomboiza, y luego que viajara a Perú (Lima), para denunciar ante el Tribunal Internacional de los Derechos de la Naturaleza los perjuicios de la explotación minera?, -la cual era su intención-. Está relacionado este asesinato con la expansión de la frontera extractiva en la Cordillera del Cóndor (Amazonía ecuatoriana)?

Cuestionan “pasividad” de Canadá frente a los abusos que cometen sus mineras

El Gobierno canadiense ocupa desde esta semana el banquillo de los acusados, luego de que se le imputara responsabilidad en las violaciones a los derechos humanos que cometen sus empresas del sector minero en los países de América Latina donde están presentes.

La grave acusación se dio el martes 28 de octubre en una audiencia ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).

Una de las expositoras fue la coordinadora para Latinoamérica de la organización Mining Watch Canada, Jennifer Moore, quien acusó a este país de ser “cómplice por acción y omisión” de las violaciones que comenten sus empresas.

Es por ello que junto a representantes de otros organismos defensores de derechos pidió al gobierno en cuestión realizar un “cambio radical” en su política exterior. Esto debido a que no se trata de casos aislados, sino de toda una avalancha de denuncias, entre los que figuran como afectados, entre otros, población indígena.

El estudio “El impacto de la minería canadiense en América Latina y la responsabilidad de Canadá”, presentado a inicios de año ante la CIDH, recoge este tipo de denuncias en contra de mineras canadienses presentes en nueve países de Latinoamérica.

En dicho material se registra cómo el Gobierno ha apoyado proyectos extractivos incluso después de que sus funcionarios tuvieron conocimiento de los abusos que se estaban cometiendo, los mismos que, precisa el informe, estuvieron ampliamente documentados.

Denuncias de este tipo y gravedad vienen afectando sin duda la imagen que se tiene de la minería canadiense, imagen que se ha creado sobre la base de una serie de mitos que la colocan como ejemplo para otros países.

Si bien las acusaciones se han venido dando en la última década, el Gobierno canadiense no ha logrado hasta ahora formular una respuesta adecuada a las recomendaciones hechas por diferentes organismos. Así lo sostiene el informe de la Red Canadiense sobre la Rendición de Cuentas que se presentó en la audiencia del martes.

La presencia del Gobierno durante la audiencia se dio en la persona de Dana Cryderman, representante alterna de Canadá ante la Organización de Estados Americanos (OEA).

Agua mas allá del Estado

La autonomía y horizontalidad son parte de las formas tradicionales organizativas de los bolivianos.  Juntas constituyen  una manera real, práctica, cotidiana de entender lo público y de vivir la democracia participativa siempre al margen del Estado y de los gobiernos de turno.

Los comités de agua de la zona sud de la ciudad de Cochabamba, la cuarta ciudad mas grande de Bolivia,  son el epitome de las formas autonómicas y horizontales bolivianas. Esta red todavía activa, se volvió visible después de la ‘guerra del agua’ del 2000., cuando una movilización popular de gran escala detuvo los intentos de privatizar el sistema publico de agua de la ciudad.

Mientras muchos asocian la guerra del agua con la noción de verdadera democracia, esta descripción pudiera poseer una contradicción en si misma:  una guerra –cualquier guerra- implica violencia, pérdida de energía y recursos, muertes, desacuerdo y la democracia (como la conocemos en Occidente), tiene la función de precisamente evitar todo aquello. Pero el conflicto no fue una simple batalla  por la defensa de un recurso. Uno de los principales motivos de tal(es) conflicto(s) fue precisamente la histórica y permanente lucha de las y los bolivianos por defender su derecho a decidir de una manera horizontal y autónoma sobre sus propias necesidades, es decir: su imperiosa y siempre pospuesta necesidad de vivir en verdadera democracia.

En septiembre de 1999, el Servicio Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de Cochabamba (SEMAPA) fue vendido al consorcio Aguas del Tunari, una empresa que tenía como socio mayoritario a la corporación Bechtel. Esto fue el corolario de un proceso largo de ajustes estructurales  guiados y auspiciados por el Banco Mundial y El Fondo Monetario Internacional desde mediados de los años 80’s en los países latinoamericanos, incluida Bolivia. Des pues de la privatización, los ciudadanos del valle boliviano empezaron a enfrentar aumentos excesivos de las tarifas, al mismo tiempo que las cooperativas y comités de agua se encontraron administrando servicios de agua sin concesiones estatales, lo que significaba que Aguas del Tunari podía enjuiciarlos por competencia ilegal y podía también apropiarse de esos sistemas. Este panorama siniestro dio origen a la Coordinadora de Defensa del Agua y la Vida (comúnmente llamada Coordinadora del Agua). Después de varios meses de negociaciones con el Estado y confrontaciones con las fuerzas armadas, la Coordinadora, logró expulsar a la compañía.

Muchas realidades se hicieron visibles por primera vez y con claridad a partir de la Guerra del Agua del año 2000 en Cochabamba. Por ejemplo, un sinfín de formas de organización que no están regidas por las estructuras occidentales de democracia, un caso es el de los Comités de agua de la ciudad de Cochabamba, que fueron centrales en el actuar de la Coordinadora del agua y que a partir de los enfrentamientos del 2000 y junto a los demás sectores que participaron activamente en aquellos hechos, establecieron redes de contacto entre sí e iniciaron procesos de coordinación y cooperación mutua.

Los Comités de agua de Cochabamba son particularmente tradicionales de la zona Sur de esta ciudad, pero se encuentran en toda el área periurbana de la ciudad La zona sur está compuesta por seis distritos y que tiene la mitad de la población de la ciudad: hablamos de mas de doscientos mil habitantes. Esta zona tiene entre cien y ciento veinte Comités de agua a los que se suman 400 en toda el área metropolitana de Cochabamba de acuerdo a Stefano Archidiacono de la ONG CeVI. Entonces estamos hablando de miles de personas organizadas alrededor—pero no exclusivamente—del agua.

Aunque en Bolivia no existen dos servicios que operen de la misma manera, está claro que en el caso del agua, las organizaciones del tipo de los Comités, mantienen la visión del agua como un ser viviente, divino; como la base de la reciprocidad y la complementariedad. Un ser que es de todos y es de nadie, un ser que es visto como una expresión de flexibilidad y adaptabilidad, quien ayuda  a la naturaleza a crear y transformar la vida y permite la reproducción social. El desarrollo de las asambleas de estos Comités de agua reflejan esos usos y costumbres de la comunidad, estas organizaciones son una manera de crear comunidades, similares a las que existen en las zonas rurales, en la urbe.

NO A LA MINA DE CARBÓN EN EL RÍO SOCUY

La energía limpia de la Venezuela del siglo XXI

Venezuela tiene todas las condiciones naturales para generar casi toda su energía eléctrica en base a la energía eólica y solar, y el Zulia reúne todas las condiciones para hacerlo, más cuando ya posee el inicio de las instalaciones del Parque Eólico de La Guajira, y científicos del IVIC tiene la técnica necesaria para hacer más eficientes los paneles solaras y las intenciones plenas de ser instalados debajo de los aerogeneradores de este parque en la Guajira, lo que significaría generar casi el doble de la energía que sale del Gurí (18.000 MV).

El siglo XXI es la era de la energía limpia, pues así los políticos de Brasil, Argentina, México, o Chile, por decir algunos de América Latina, lo entendieron, por no nombrar a los de Alemania, Francia, o España en la vieja Europa. Estos presidentes y sus organizaciones políticas comenzaron a entender que la era del imperio de la energía fósil (petróleo, gas y carbón) y nuclear debe ser superada en el Siglo XXI, pues es muy serio lo que más de 2000 científicos especialistas en clima nos anuncian todos los días: que la vida en y del planeta tierra está seriamente amenazada, que nos equivocamos en el uso ciego del concepto de desarrollo y progreso a partir de los combustibles fósiles, la ciencia y la tecnología; que la nueva civilización a venir desde ahora no puede estar montada en la energía fósil, pues genera muerte, guerra, hambre, sed y destrucción, sino en energía limpia y en el respeto de lo diverso, por supuesto incluyendo el pensamiento y las creencias.       

Intereses trasnochados del poder imperial de los combustibles fósiles

Tanto en nuestro país, como en todos los cinco continentes, existen intereses que se mueven en sentido contrario de las agujas del reloj, y se resisten en asumir esta verdad histórica, y por lo tanto vienen a escondidas proponiendo abrir en los estados Zulia y Táchira nuevas minas de carbón y plantas eléctricas en base al uso y consumo de esta sucia y contaminante energía a generar de este mineral fósil; sin percatarse que su tiempo pasó, simplemente ya no estamos en el inicio de la revolución industrial europea y del carbón, sino de los saberes de los pueblos y del hidrógeno, del astro rey sol y el viento tan relacionados con “Juyá” como nos dirían los wayuu del Socuy y del embalse Manuelote, sabia y pacientemente orientados por su democrática organización Maikiraalasalii.

Es en este lugar de wayuu y de Juyá, como cuando llegó el carnicero de indios, el conquistador alemán Ambrosio Alfínger en 1531, donde se librará el combate por el futuro y por el uso de la energía limpia, pues estas comunidades wayuu se oponen a entregar sus tierras tradicionales para que se abran enormes cráteres para sacar carbón (10 millones de toneladas métricas al año) como en el río Guasare (6 millones de toneladas métricas al año) y pase una vía férrea para llevarlo a tierras de los Añuu Puerto Bolívar a orillas del Mar Caribe y entrada del Lago de Maracaibo, o Estuario de Maracaibo, como tan acertadamente nos enseñan el biólogo Dr. Carlos Luis Bello y su inteligente compañera Dra. María Isabel Cabrera Fernández, que lo llamemos, por tratarse efectivamente de un estuario.

Voces de mujer

Cuentan y Cantan

¡NANKI ACHIKTA! Una mirada a las resistencias indígenas al extractivismo en la Amazonía peruana (Condorcanqui y Datem del Marañón)

En 2011, el ex militar Ollanta Humala realizó su campaña electoral haciendo grandes promesas a los pueblos indígenas y campesinos del Perú: el líder del partido nacionalista hablaba de un cambio de ruta en la política peruana, un proyecto de “gran transformación” que habría defendido los intereses de la población frente a la voracidad de las multinacionales. A los pocos meses de su elección, Ollanta se quitó su disfrace respondiendo con una brutal represión a los campesinos de Cajamarca que se oponían al proyecto Conga, proyecto de mega-minería a cielo abierto de la empresa Yanacocha (Newmont – Buenaventura). En abril de 2012, el presidente de Petroperú anunció la concesión de 22 nuevos lotes petroleros en la selva amazónica. En julio de este año (2014) el gobierno promulga una serie de medidas legislativas para “reactivar la economía”: se recortan las funciones del Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental, institución del Ministerio de Energía y Minas ya criticada por su ineficiencia y su condescendencia hacia las empresas responsables de la contaminación; se reducen las sanciones que el OEEA puede imponer a las empresas hasta el 35% del máximo actual; los tiempos de aprobación de los Estudios de Impacto Ambiental también se reducen y se impone que sea el Consejo de Ministros, y no el Ministero del Ambiente, el que decida en la creación de áreas reservadas, y en la fijación de estándares de calidad ambiental (ECA) y límites máximos permisibles (LMP) de contaminación. Una serie de medidas elaboradas expresamente para que la legislación medioambiental no pueda interferir con el trabajo de las empresas. Un regalo al sector minero-energético que suena a provocación, en un país donde existen más de 200 conflictos socio-ambientales y donde cada gobierno deja un saldo de varias decenas de manifestantes muertos por las balas de la policía…

Proponemos aquí una mirada a las resistencias a las empresas mineras y petroleras en las provincias de Condorcanqui y Datem del Marañón, dos de las regiones más afectadas por la presión del extractivismo y donde se han desarrollado procesos interesantes de resistencia.

Petroleras sin escrúpulos en el corazón de la resistencia amazónica

- “Ayer el colonialismo justificaba todas sus barbaridades en nombre de la civilización. Hoy las petroleras lo hacen en nombre del Progreso y el Desarrollo”. Servindi, 6 de setiembre, 2014.- Compartimos un artículo del antrópologo Simone Garra en el que describe el contexto de provocación inescrupulosa que realiza a la población indígena la empresa francesa Maurel et Prom en el corazón de la resistencia amazónica. La empresa que posee la concesión del lote 116 de hidrocarburos en sustitución de la empresa Hocol, de Colombia, insiste en abrir paso a su actividad a pesar de la mayoritaria oposición indígena que aún no supera las huellas que dejó el conflicto de Bagua.Con antecedentes nefastos y empleando métodos divisionistas y moralmente vedados, la empresa Maurel et Prom, actúa en alianza con la canadiense Pacific Rubiales, en un contexto de tensión y conflicto en el que no parecen existir las autoridades peruanas, hecho que favorece a la empresa.¿Hasta dónde quieren llegar el Estado peruano y las empresas petroleras? ¿Seguirán haciéndose paso fomentando los conflictos internos hasta que la región se vuelva el teatro de una espiral de violencia? ¿Qué precio deberán pagar estos hombres y estas mujeres para que se respete su voluntad de preservar sus vidas y sus tierras de la devastación ambiental?”Tales son algunas de las interrogantes que se formula Simone Garra luego de detallar el espinoso escenario. A continuación el artículo de Simone Garra

Servindi : http://servindi.org/actualidad/112742

En la presentación del artículo, Servindi.org comenta: "Con antecedentes nefastos y empleando métodos divisionistas y moralmente vedados, la empresa Maurel et Prom, actúa en alianza con la canadiense Pacific Rubiales, en un contexto de tensión y conflicto en el que no parecen existir las autoridades peruanas, hecho que favorece a la empresa".
Personalmente, no me parece que en la región de Condorcanqui haya una ausencia de las autoridades peruanas, ni pienso que una presencia mayor de las autoridades peruanas representaría un obstáculo a la expansión de la empresa. Las autoridades peruanas tienen una fuerte presencia en Condorcanqui desde la década de 1950, cuando el Estado peruano empezó a militarizar la frontera con Ecuador debido a las tensiones entre los dos países acerca de los límites territoriales recíprocos. Con el objetivo de "civilizar" a la población indígena y pacificar a estos grupos tradicionalmente guerreros, el Estado peruano promovió su escolarización a través de los misioneros jesuitas y los linguistas protestantes del Instituto Linguistico del Verano. Se trata de un proceso que transformó la vida y la organización social de los Awajún, sentando las bases para su dependencia económica y política.

Actualmente, la autoridad peruana se reproduce en la educación impuesta por la escuela, que desprecia la cultura local, promueve ideas machistas y nacionalistas y enseña a los jóvenes a "superarse profesionalmente", estimulando la competitividad entre ellos. Esta misma educación es impartida violentemente a los awajún que son enrolados en el servicio militar.

Tales valores rigen también la administración política de la región, tanto a nivel distrital como provincial. Como en todo el resto del país, aquí también la autoridad peruana es sinónimo de clientelismo y corrupción, lo que favorece ciertamente los intereses de las empresas petroleras.

Finalmente la autoridad peruana es presente con sus fuerzas militares y policiales, listas para intervenir en caso de disturbios, tal como ocurrió el 5 de junio de 2009. Recordamos que la minera Afrodita, instalada en la Cordillera del Cóndor, opera dentro de una zona militar, asegurándose de esta manera las infraestructuras necesarias y la protección de la población local hóstil al proyecto.

Desde mi punto de vista, en Perú, como en todo el mundo, no es la ausencia de autoridades lo que favorece la explotación del hombre y la naturaleza. Por el contrario,  la autoridad del Estado defiende los intereses de los capitalistas, asegurando las condiciones sociales y materiales para su existencia.

Simone Garra
¿Hasta dónde llegarán Maurel et Prom y Pacific Rubiales? Petroleras sin escrúpulos en el corazón de la resistencia amazónica"

Nada parece frenar el insaciable hambre de dinero de las empresas petroleras, responsables en todo el mundo de guerras, corrupción, regímenes totalitarios y desastres ambientales. Hace seis años, en el norte de la Amazonia, los pueblos awajún y wampis empuñaban sus lanzas y se declaraban en pie de guerra: era el inicio de dos períodos de movilizaciones nacionales (2008 y 2009) en la Amazonia peruana contra la invasión del capitalismo internacional y la depredación de los recursos en las tierras indígenas.

“La selva no se vende, la selva se defiende” fue la respuesta de miles de mujeres y hombres que  lucharon en contra de un paquete de leyes cuyo objetivo claro y explícito era eliminar cualquier obstáculo para las grandes inversiones en la región amazónica. El cinco de junio 2009, balas contra lanzas, quizás la represión del Estado no esperaba encontrar una respuesta tan aguerrida: policías desarmados por los manifestantes mueren con sus mismas balas, solidarios en la ciudad de Bagua se levantan y queman los edificios públicos, todo el país tiembla por la ola de rabia que desde la Amazonia llega a los Andes y las costas oceánicas.

Decenas de arrestos; persecución de organizaciones indígenas e instituciones cercanas, torturas en las prisiones. Tres de los manifestantes transcurren más de cinco años en la cárcel. Un proceso se abre el 14 de mayo 2014 contra 53 manifestantes, la justicia pide condenas ejemplares que van desde los 22 años de cárcel a la cadena perpetua. Aterrorizar, reprimir, castigar para imponer el orden de las transnacionales: que nadie se atreva a contestar su dominio absoluto.

Un año después del trágico baguazo, una empresa francesa viene a instalarse en Condorcanqui, en  el corazón de los pueblos awajún y wampis, como si nada hubiera ocurrido. Como si ignorara que estos pueblos, desde sus primeros comunicados, vienen rechazando la presencia de las petroleras en su territorio. Como si ellos no tuvieran suficientes problemas con otras empresas como la minera Afrodita – Dorato Perú, instalada en la Cordillera del Cóndor. Como si los awajún y wampis no hubieran ya reclamado desde 2007 la anulación de la concesión del lote 116 a la colombiana Hocol que la obtuvo en 2006 sin algún proceso de consulta previa (1).