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"Revisión judicial de la planificación territorial"¿Las migajas del postre?

Por Enrique A. Viana Ferreira 
 
(1) En los tiempos que corren no todo está funcionando conforme a la pretensión de protección pública que justifica el deber ser de un Derecho como el Ambiental. Las consecuencias de ello trascienden a la mismísima tutela ambiental para poner en cuestión los conceptos de Estado de Derecho y de República.
Hay quienes entienden al Derecho Ambiental como un derecho de negociación o de transacción, y por ese camino andan aquellos que preferirían llamarlo Derecho al Desarrollo Sostenible. Y hay quienes todavía creemos en un Derecho Ambiental como un Derecho de orden público, de deberes y de límites o de umbrales infranqueables, sin excepciones, por esencia no negociable, inalterable para gobernantes y gobernados por igual. Debo confesarlo: tengo la sensación de que lo que esto último pensamos (o defendemos) cada vez somos menos.
Y me parece que eso es así porque la concepción de un orden público ambiental, como la de todo orden público, significa un rigor muchas veces difícil de afrontar: aquella disciplina y coherencia de que ciertos valores éticos y jurídicos están por encima de los intereses económicos por más poderosos que éstos sean. En ello, en definitiva, reposa nada menos que la idea misma de República: que exista una res publicae, con reglas superiores, pétreas, inconmovibles, iguales para todos, no susceptibles de disposición o de ser sometidas al comercio de los hombres o a la discrecionalidad de la Administración Pública. En definitiva, todo se trata de una justa ponderación y jerarquización de los valores conjugados. Esa es la razón de ser de todo Derecho.

 

Hoy la res publicae ambiental se halla en peligro de extinción.

Venezuela: por defender el territorio está preso Sabino Romero

Por: Sociedad Homo et Natura, 14/09/10

Todos los pueblos originarios tienen sus propios sistemas de justicias, sus códigos éticos y morales soportados en sus particulares cosmovisiones y sistemas de valores que les han servidos desde tiempos inmemorables para resolver sus conflictos y problemas socios cultuales.

Deslastrándose de alguna manera entre pugnas de intereses los Estados Nacionales de sus orígenes vinculados con la ruptura cultural/espacial territoriales propias de naciones históricas, o de su pasado colonial viene aceptando y reconociendo en sus constituciones y leyes los derechos consuetudinarios de estos pueblos y naciones que viven dentro de los territorios nacionales; fue el 13 de septiembre del año 2007 cuando se aprobó la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas, luego de más de dos décadas de discusión entre los representantes de los Gobiernos de los Estados Nacionales.

Desde la creación de los Estados Nacionales los pueblos originarios del mundo han tenido que pasar por la tormentosa situación de esperar que sus existencias sean reconocidas con sus modos y maneras de vida, costumbres y leyes particulares, así como sus territorios y linderos. Es hoy la clase o sector de clase con el poder que le otorga el Estado Nacional quien le impone tutoría, sumisión y obediencia para respetar sus existencias.

Tambogrande, Perú : mangos y limones antes que todo el oro del mundo

Como en la mayoría de los países de América Latina, en el Perú, los años noventa han sido los de las políticas de liberalización y de privatización designadas para atraer atraer las inversiones extranjeras. La minería es entonces considerada como uno de los principales instrumentos de desarrollo económico del país.

En 1999, la empresa minera canadiense Manhattan Minerals Corporation obtiene los derechos de explotación de oro en el distrito de Tambogrande (región de Piura), en el norte del país. La población de esta zona (70 mil habitantes, 60 mil hectáreas aproximadamente) la ha transformado, desde la década de los 50, en un oasis en el medio del desierto costero peruano. Hoy, Tambogrande vive principalmente de la agricultura y sus habitantes no piensan abandonar sus tierras y aceptar la destrucción de su forma de vivir.

Por medio del Frente de defensa de Tambogrande, los agricultores protestan masivamente contra el proyecto minero. En febrero de 2001, destruyen los campamentos de la empresa, luego, en junio de 2002, organizan un referéndum sobre el futuro del proyecto minero. La población rechaza la mina en un 98%. El referéndum de Tambogrande, que resultará en el abandono por la empresa minera de su proyecto, se convertitá en un ejemplo para otros países de la región y suscitará la esperanza para numerosos movimientos de oposición a la minería.

 

Brèves

Consulta popular en Temacapulín, Jalisco (Mexico): el 99% de la población marcó “No a la represa El Zapotillo”

Luego de llevar a cabo el Tercer Encuentro Internacional de afectados por represas y sus aliados, entre el 1 y 8 de octubre de 2010 en esta población mexicana, ha sido necesario impulsar otras acciones por la defensa del Temaca frente a la imposición de la Represa El Zapotillo. De esta manera, la población local llevó a cabo una  Consulta Comunicaría durante el pasado 7 y 8 de Enero logrando resultados contundentes: el 99% de la población marcó “No a la represa El Zapotillo” y además ratificaron su apoyo para continuar la resistencia.

Ecuador : Ambientalistas demandan en Quito a petrolera BP

Dirigentes ambientalistas presentaron hoy una demanda en Ecuador en contra de la empresa petrolera British Petroleum por el derrame producido en abril en el Golfo de México. Vandana Shiva (India), Nnimmo Bassey (Nigeria), Ana Luz Valdés (Colombia) y Alberto Acosta (Ecuador) presentaron la demanda ante la Corte Constitucional local. La Constitución ecuatoriana reconoce los “derechos de la naturaleza”, por lo que los demandantes abogan por el uso de la figura de “jurisdicción universal”, usada en crímenes contra la humanidad, para procesar a la firma petrolera en el país. Los demandantes exigen que la compañía repare los daños causados, que deje en el subsuelo una cantidad equivalente al crudo derramado y que suspenda sus exploraciones en la zona.

Documents

Declaratoria de adhesión a la defensa de la ley 9526, Córdoba, Argentina

Ongamira Despierta!Ongamira Despierta!Las Asambleas y Organizaciones abajo firmantes expresamos nuestra más honda preocupación ante la resolución del Tribunal Superior de Justicia de Córdoba que resolvió: "Admitir formalmente la acción declarativa de inconstitucionalidad de la Ley 9526". Esta ley, sancionada por unanimidad en Setiembre de 2008 por la Unicameral de Córdoba, PROHÍBE en todo el territorio de la Provincia la actividad minera metalífera a cielo abierto en todas sus etapas, el uso sustancias toxicas y/o peligrosas incluida en el Anexo I de la Ley Nacional Nº 24051, y la actividad minera, en todas sus etapas, de minerales nucleares tales como el uranio y el torio.Esta demanda de inconstitucionalidad la llevan adelante la Cámara Empresaria Minera de la Provincia de Córdoba (CEMINCOR) y la Asociación de Profesionales de la Comisión Nacional de Energía Atómica y la Actividad Nuclear (APCNEAN), en contra del Gobierno de la Provincia.