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México, Guadalajara: Lo que fue un río vivo ahora asfixia a más de 160 mil personas

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Por: 
Agrupación Un Salto de Vida A.C.

Un día el río amaneció tapizado de peces muertos; otro, comenzamos a morir todos..

Hace 40 años, el brillo de una nata de peces muertos en el cauce del río Santiago nos tomó por sorpresa a los habitantes de El Salto y Juanacatlán, Jalisco, en el Occidente de México. Pero la pesadilla apenas comenzaba. No sabíamos lo que venía. Lo que vino fue la pérdida de la comida que obteníamos del río; la pudrición de todas las tierras de cultivo de los alrededores; la necesidad de comer frutas y legumbres regados por heces fecales, agroquímicos y metales pesados, que una zona industrial pujante arroja a 16 comunidades de por lo menos tres municipios: El Salto, Juanacatlán y Tonalá. Ahí viven unas 160 mil personas. Y la zona afectada que se refiere, apenas es un pequeño tramo de los 500 kilómetros que recorre el torrente envenenado, en su camino hacia el Océano Pacífico.

Hasta hace 20 años, la mayoría de los habitantes de la región vivíamos del cultivo. Hemos perdido esa posibilidad. Cada segundo el río Santiago recibe 10,500 litros de aguas fecales e industriales sin tratamiento, de la zona metropolitana de Guadalajara (ZMG). Eso es apenas el principio. La falta de control sobre los procesos industriales ha convertido a nuestro territorio en un cementerio de escorias de las fundidoras, de residuos biológicos y en basureros clandestinos. A menudo hay accidentes de camiones de carga que transportan materias industriales peligrosas, como sosa cáustica. Por si fuera poco, nuestras tierras colindan con el vertedero Los Laureles, que diario recibe alrededor de cuatro mil toneladas de basura doméstica de la urbe. Los lixiviados sin control de este basurero a cielo abierto escurren por los cerros y envenenan los pozos con los que nos abastecíamos de agua para consumo humano y riego de nuestras siembras.

Todos los días y de muchas formas nuestro derecho a la alimentación sufre violaciones porque perdimos nuestros medios de subsistencia básica y de producción primaria, por la contaminación del suelo, el aire y el agua en todo el territorio. La biodiversidad natural, la fauna y flora que alimentó por siglos a nuestros antepasados perdió sus posibilidades en los dos últimos decenios.

Fue devorada por el desarrollo industrial e inmobiliario que sin control gubernamental ha destruido la zona. En El Salto y sus alrededores trabajan por lo menos 1,100 industrias, varias de ellas corporativos internacionales; de éstas 360 son porcícolas. Sólo en El Salto, hay unas 200 industrias de diversos giros, que van desde la maquila de partes automotrices, hasta las químicas, pasando por las farmacéutica y alimentarias. Qué paradoja: y nosotros sin posibilidades de producir nuestros propios alimentos. El común denominador entre estas empresas es que todas afirman que son socialmente responsables. La realidad es que entre todas arrojan al río, los suelos y el aire sustancias tóxicas, según han demostrado distintos estudios académicos y gubernamentales.

Lo peor es que las aguas industriales y las de los drenajes de las ciudades de Guadalajara, Zapopan, Tlaquepaque, Tonalá, Tlajomulco, Ixtlahuacán de los Membrillos, El Salto y Juanacatlán se juntan en el Santiago y, a través de un brazo del río, el Tajo de la Aurora, sirven para el riego de alimentos por tres ejidos aledaños que ocupan 1,600 hectáreas. Así, el cultivo de sorgo, trigo, maíz, avena y caña de azúcar no sólo nos afecta a los vecinos más cercanos, sino a millones de pobladores de las grandes ciudades, donde se consumen.

Fuera de estos ejidos, cuyos habitantes utilizan el mismo recurso centenario de riego, el río, con mucha ignorancia sobre las consecuencias, en el resto del territorio ya no existe la producción de alimentos para el autoconsumo y la comercialización. Como resultado, nuestros paisanos emigran al Norte y los que no lo hacen viven en la miseria económica y ambiental. Viven es el eufemismo para no decir sobreviven, porque muchos mueren por la contaminación de todo nuestro entorno.
Una ley que no protege nuestros derechos

Con todo, el gobierno, los industriales y porcicultores dicen que la ley avala sus acciones.
Lo cierto es que varias veces hemos visto cómo las leyes ambientales mexicanas han sido manipuladas para avalar la instalación de industrias y cientos de miles de viviendas en las márgenes del río envenenado. La ley es presa de los intereses de los que más tienen y se usa contra los más desposeídos y afectados.
Algunas veces, la ley es ignorada por las autoridades municipales, estatales y federales, que conocen bien la devastación, pero argumentan que las fuentes de trabajo son más importantes que la vida. El 21 de Marzo 2009, el secretario del Medio Ambiente y Recursos Naturales, Juan Rafael Elvira Quezada, reconoció la contaminación de nuestras tierras, pero dijo textualmente: El gobierno federal no puede aprobar la declaratoria de emergencia en el río Santiago, a su paso por los municipios de El Salto y Juanacatlan, porque se verían afectadas las inversiones privadas en la zona. ¿Y a nosotros quién nos defiende?

Otras veces sí se aplica la ley. Pero la ley es laxa. Por ejemplo, el río Santiago cumple con la legislación ambiental: una legislación en la que hasta 2008, el torrente estuvo catalogado como agua de cloaca y desde enero de 2009, gracias a un plumazo, es legalmente apto para la vida acuática.

Habrá comunicar esa disposición a los peces, las ranas, las culebras, las tortugas y las aves que legalmente son bienvenidas, porque legalmente desaparecieron de la región hace 30 años.
Dicen el gobierno y los empresarios que todos cumplen con la ley, pues ésta permite que todos tiren un poco de sustancias tóxicas a los cauces que desembocan en el Santiago. Pero esa ley regula los drenajes de las empresas, no el agua del río en su totalidad, que de poco en poco --todo legal--, al final recibe mucho veneno que se combina y provoca gases que todos respiramos.
Exigimos una ley que se ajuste a los parámetros internacionales.

Por si fuera poco, las leyes y las dependencias del gobierno chocan y se contradicen entre sí.
El problema se atiende de manera desarticulada. Por ejemplo, el gobierno federal vigila sólo los cuerpos de agua y los residuos peligrosos; el gobierno estatal atiende sólo la basura y el aire, y el gobierno municipal sólo los drenajes domésticos. Eso ocasiona que un delito ambiental grave se debilite, pues cada nivel de gobierno juzga apenas una parte, pero jamás el problema integral.

En estos días, la Comisión Estatal del Agua del gobierno de Jalisco y la Comisión Nacional del Agua, construyen una planta biológica de tratamiento para aguas negras domésticas en la Cuenca del Ahogado, con una capacidad para 2,250 litros por segundo, que provienen de la ZMG. Está bien. Pero nadie nos ha respondido cómo tratarán las aguas más tóxicas: las industriales y agropecuarias. Aunque hemos exigido información, no tenemos un inventario de cuántas empresas de la zona industrial de El Salto tiene plantas de tratamiento de agua para sus procesos industriales, cuántas de ellas funcionan a cabalidad y tampoco conocemos los resultados de laboratorio de las inspecciones que han hecho las autoridades, en caso de que así haya sido.

Oídos sordos a nuestras voces

Tenemos derecho a producir, consumir y vender alimentos sanos. A causa de la contaminación en nuestras tierras, ese derecho nos ha sido arrebatado.
El problema no nos afecta sólo a nosotros, sino a millones de personas que se comen lo que se produce con agua envenenada. Todo esto ocurre a pesar de que México firmó un Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos y Canadá, en el cual se comprometió a que los mexicanos tendrían condiciones de igualdad ambiental con los ciudadanos de sus socios comerciales.
Nuestras voces no han sido suficientes para que nuestros derechos ambientales y alimentarios dejen de ser violados.

Le pedimos que nos ayude.

Cuando preguntamos cómo se limpiarán las aguas y los procesos industriales que han matado nuestro aire, nuestras tierras y a nuestra gente, recibimos discursos felices que argumentan que a ley se cumple. Pero los nuestros siguen muriendo. Nunca nos dan información completa. Nunca nos responden cuáles son las estrategias concretas para que nuestro río y tierras sean saneados de los tóxicos químicos que reciben. Nunca nos responden cuándo serán posibles nuestro derechos.
Sentimos que, lejos de poner freno a la crisis, siguen las autorizaciones para el crecimiento inmobiliario: cada día se suman más víctimas mortales, por un irrespeto absoluto a los derechos básicos.
No queremos huir de la tierra de la que antes comíamos. Queremos que esa tierra vuelva a ser limpia, productiva, restaurada. Queremos que los responsables por los agravios reparen los daños.

No queremos linchamientos. Exigimos estrategias que atiendan nuestros derechos socio ambientales y alimentarios.

Necesitamos que se realicen estudios serios y, de ser posible, independientes, que nos respondan cuántos enfermos y muertos hay en El Salto, Juanacatlán y Tonalá, por vivir en una zona tan contaminada. Necesitamos saber cuántas hectáreas de tierra cultivable se han perdido por esta tragedia ambiental.

Necesitamos tener un respiro. El respiro sano que se nos arrebató y al que tenemos derecho.

Agrupación Un Salto de Vida A.C.
El Salto Jalisco, México a 13 de Junio 2011

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