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Minería y el Pacto por México

En su carrera por hacerse de legitimidad Peña Nieto apuesta por el denominado Pacto por México entre las tres fuerzas políticas mayoritarias, y advierte que el país no debe esperar más las mentadas reformas que, según su visión neoliberal, necesita la nación. En paralelo, el nuevo gobierno federal y los poderes fácticos lanzan una campaña de unidad nacional, cargada de propaganda nacionalista, cuya intención es satanizar de traidores y saboteadores a los ciudadanos que no se adhieran al acuerdo cupular. A un mes de su firma, el Pacto se ha convertido en la agenda de discusión parlamentaria para los próximos meses y ha generado reacciones contrastantes, desde críticas demoledoras que muestran su cara más sórdida, mendaz y excluyente, hasta automáticas adhesiones que incluyen a un espectro importante de la autoproclamada izquierda partidista congregada en el PRD. En medio de la polémica, el pacto se ha convertido en eficiente distracción que estimula la desmemoria social sobre la forma en que Peña Nieto y sus aliados operaron la compra de la Presidencia. Sus principales efectos provienen de una ambigua mezcla de ofertas de beneficio social con reformas estructurales que se sintetizan en las propuestas del punto número 2, "Acuerdos para el crecimiento económico, el empleo y la competitividad". Es en este apartado donde se concentran las claves para desenmascarar el Pacto por México como un proyecto de reacomodos político-empresariales que excluyen a las fuerzas ciudadanas. Prueba de ello es el caso de la minería, solventado en el pacto mediante escasos 10 renglones del punto 2.6, el cual propone una nueva Ley de Explotación Minera dirigida a convertir esta industria en socialmente responsable.