Pese a que la Embajada de Canadá en México conocía el caso y el inminente riesgo por las amenazas contra Mariano Abarca, no actuó para proteger la vida de Mariano, ni para asegurar que la empresa canadiense no viole las leyes en México ni siquiera las leyes de Canadá – en particular la Acta en Contra de la Corrupción de Funcionarios Públicos (CFPOA por sus siglas en ingles) – sino que se distanció de la investigación, defendió la reputación de la empresa y asesoró a la trasnacional sobre cómo podría demandar al estado mexicano a través del Capitulo 11 del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN). Esto según el informe Minería Canadiense en México; Blackfire Exploration y la Embajada de Canadá – Un Caso de Corrupción y Homicidio, producto de una investigación exhaustiva hecha por tres organizaciones canadienses en 2013.

Los procesados por el asesinato de Mariano han sido liberados de la cárcel, mientras las responsabilidades de otras personas vinculadas a la empresa y al estado que pudieron haber sido involucrado en su asesinato nunca fueron investigados con cabalidad. Se señaló que por lo menos 13 personas – todas vinculadas con la empresa – deberían de haber sido incluidas en tal investigación. La demanda presentada en la Contraloría del Estado de Chiapas en 2010, contra el entonces Presidente Municipal de Chicomuselo, por recibir recursos económicos de la empresa canadiense sin comprobar su destino, no ha sido respondida.

En marzo de 2010, nueve organizaciones canadienses interpusieron una queja bajo CFPOA y ante la policía federal de Canadá por corrupción del presidente municipal de Chicomuselo. En julio de 2011 la policía federal canadiense (RCMP por sus siglas en inglés), basado en la evidencia conclusiva presentada, allanó la oficina de Blackfire en Calgary. Pero después de tres años y media la investigación sigue abierta.

Ante esta situación, demandamos respuesta a las autoridades mexicanas y canadienses para ejercer justicia por la muerte del Sr. Mariano Abarca Roblero y por corrupción del presidente municipal de Chicomuselo. Además, exigimos que el gobierno canadiense deje su política de la tal llamada ‘diplomacia económica’ que canaliza 100% del cuerpo diplomático de Canadá para promover los intereses privados y que en su lugar se adopte una política basada en el respeto para los derechos indígenas  y humanos, y para la protección de las defensoras y los defensores de sus territorios y el medioambiente. La RCMP tiene a mano todo lo necesario para concluir con la investigación de soborno por parte de Blackfire y para mandar sus conclusiones a la oficina del Fiscal de Canadá. Demandamos que esta oficina se pronuncie cuanto antes sobre el caso. Ambos países, Canadá como México, han suscrito instrumentos en materia de Derechos Humanos por lo que exigimos una respuesta de procuración de justicia.

Atentamente,

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