Alternatives au Développement Extractiviste et Anthropocentré

La empresa Campos de Pesé, fue condenada por el delito ambiental, luego de las contaminaciones reportadas en el río La Villa, en la provincia de Los Santos. El Ministerio Público de la provincia de Herrera, decidió condenar a la empresa Campos de Pesé. Sin embargo, fue absuelta del delito contra la seguridad colectiva. La decisión se basó en la comisión del delito contra el ambiente en la modalidad de recursos naturales, siendo condenado Rafael González y Gustavo Melgara, quienes fungían como representes legales de la empresa Campos de Pesé.

El 20 de julio, en Estambul, Turquía, el Parque Internacional La Amistad (PILA), ubicado entre Panamá y Costa Rica, será objeto evaluación en la sesión 40 del Comité de Patrimonio Mundial de la Organización de Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (Unesco, por sus siglas en inglés).

Organizaciones ambientales plantean que hay varias razones para incluir al Parque Internacional La Amistad (PILA), ubicado entre Panamá y Costa Rica, en la “Lista de Patrimonio Mundial en Peligro” de la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (Unesco, por sus siglas en inglés).

Agrupaciones ambientales, han manifestado que es producto de la mala gestión del parque, los impactos de las hidroeléctricas y el desarrollo de cultivos.

“Hay informes de mayor producción de cultivos ilegales en la parte de Costa Rica que causan grave preocupación y el hecho de que el desarrollo hidroeléctrico ha continuado en las inmediaciones de la propiedad en Panamá”, sostiene el documento en el que se basó el comité de la Unesco para sugerir su inclusión en la lista de sitios en peligro.

Foto: Burica Press

Manu Chao es un reconocido músico, conocido por sus ideales políticos y su apoyo a movimientos ambientales, indígenas y migrantes, entre otros. Tanto con Mano Negra desde 1992, como ahora con la banda La Ventura, ha tenido mucha presencia en Latinoamérica. Desde 2012, ha mostrado, también, apoyo a la campaña “No a la mina”, presente en varios países del continente. Realizamos esta entrevista a mediados de mayo en Barcelona, con interés de poder conocer cómo, desde la música y el activismo cultural, Manu Chao apoya a redes de activistas y movimientos sociales.

Conocemos tu trayectoria de apoyo a las luchas socioambientales, especialmente en América Latina. ¿De dónde te viene esta implicación?

Primero de todo, creo que el compromiso ambiental me viene de un profundo instinto de conservación: se nos va alumbrando la bombilla de que esto así no puede durar mucho. Y, también, con la suerte que tuve de poder viajar por el mundo, de darme cuenta de las agresiones directas a la gente y a la naturaleza que ocurren, porque la gente me las cuenta. A partir de ahí, uno intenta a su nivel implicarse, y hacer cosas. He conocido a gente muy valiente, que se juega la vida, y, dependiendo de los países, sufre también violencia física. Mira Berta Cáceres en Honduras, mira Colombia, a donde vamos a menudo también. Hay casos de muerte cada año, hay gente con quien hemos trabajado hace cuatro años y está muerta ahora. Esa gente son un ejemplo para mí; conocí gente que arriesga su vida para defender cosas que son de todos. A partir de ahí, te involucras… porque te llegan al alma.

¿Crees que tu compromiso ayuda a la difusión y también al empoderamiento de los movimientos y comunidades?

Somos muchos los que nos preguntamos si servirá para algo lo que hacemos. Por ejemplo, el colectivo de “No a la mina”, que empezó en Argentina, al principio lo formábamos poca gente. Ahora caminas por Buenos Aires y hay pintadas “No a la mina” en las paredes. Eso para mí es una señal de que cada día más gente está dando apoyo. Pero creo que la repercusión de lo que hacemos con la gente de “No a la mina” sería mejor que te la explicaran ellos. Ellos sí me dicen que es importante sentir que, en cada pueblito, no están solos. Es importante cuando, por ejemplo, estás en un pueblito luchando, en algunos casos, incluso en contra de parte de la comunidad, porque dicen “la mina da trabajo”. También es importante para visibilizar victorias, como las de Esquel y Famatina (Argentina), aunque no sean nunca victorias completas, porque, cuando cambian los políticos, te vuelven a atacar. Hay que mantener una vigilancia constante.

Cuando somos más útiles es cuando actuamos como su altavoz, bien sea a través de nuestros medios de comunicación, o bien dando espacio para el micrófono abierto en los conciertos. Hay lugares donde puedes llegar más fácil, hay lugares donde fue más simbólico. Por ejemplo, hicimos un concierto en San Juan en Argentina, que es la cuna de la minería, con políticas muy muy pro minería. Entonces, haber tocado ahí delante de miles de personas y haber hablado sobre minería llega a ser importante.

¿Cómo das la voz a la gente?

A mí, viene mucha gente a decirme: “Manu, en el escenario, habla de esto…” Y yo digo: “No; lo vas a decir tú, porque tú lo has vivido, porque tú sabes de lo que estás hablando. No es lo mismo que lo digas tú que lo diga yo.” Me parece importante que sea la gente la que lo diga por ellos mismos. Muy pocas veces hablo yo mismo: primero, porque creo que no soy buen orador, no tengo ese arte. Segundo, creo que es mucho más fuerte y verdadero cuando habla la propia gente que lo vive a diario. En cada ciudad tenemos nuestros informadores, que nos avisan antes de lo que está pasando, y ahí organizamos quién va a subir, de qué va a hablar. Es importante controlar los tiempos. Demasiado activismo en un show puede acabar siendo contraproducente: la gente se puede hartar. Así que hay que tener cuidado de que los mensajes sean cortos, y yo diría que ya lo tenemos bien ensayado con toda esa gente.

Aunque das conciertos en todo el mundo, tienes una presencia constante en América Latina. ¿Cómo comenzó tu vinculación allá?

Para mí, América Latina fue mi escuela de vida y un aprendizaje de todo. Primero, llegué allí por la música. Crecí en París, pero había muchos discos latinos en casa, estaba esa cultura en casa. Era la época de las dictaduras en América Latina y había muchos activistas refugiados en París, muchos de ellos se juntaban en la casa de mis padres: chilenos, argentinos, uruguayos. América Latina estaba desde pequeño en mis orejas, en la gente que me encontraba, aunque aún no sabía bien qué era. Y también con muchos discos que llegaban desde allí… Creo que mi primer contacto con la música latinoamericana fue con Bola de Nieve, el pianista cantautor cubano.

Después, pude conocer América Latina con las giras que hicimos con Mano Negra, incluso con la crueldad que supone una gira, que llegas y no puedes quedarte mucho tiempo. Pero, por suerte, con ese tren con el que cruzamos Colombia (1993), donde pudimos quedarnos por más rato en lugares excelentes. También, cuando he estado sin bandas he tenido la posibilidad de pasar más tiempo allí, donde me aceptaron y me consideraron; tengo mi familia ahí. Aunque es un continente grande, con muchos, miles de mundos.

Nuestra intención es llegar para entender mejor, colaborar para que se pueda dar difusión, y poco a poco intentar buscar qué más se puede hacer. Yo ahora tengo ganas de profundizar estos encuentros, ya que creo que nuestra presencia de tres o cuatro días puede dar una cierta fuerza a la gente, y en cierto modo también nos permite dar fuerza a más gente porque vamos a más lugares. Pero a mí ahora me pide el cuerpo profundizar en un solo lugar. Y, más que todo, siendo de fuera, para poder tener entendimiento de qué es lo que pasa: no es lo mismo que te lo cuenten que vivirlo en tus propias carnes. Pero hay tantos frentes abiertos, que es difícil decidir dónde… Y la respuesta la dará la vida: ¡no hay que comerse el tarro!

¿Y cómo ves ahora la situación en Latinoamérica, en relación a la minería y a otros proyectos extractivistas?

Nosotros estamos muy concentrados con la minería o el tema de Monsanto. Son temas que expresan algo que desborda el tema político. En América Latina, hemos hecho acciones en países con gobiernos de izquierda, en países con gobiernos de derecha, y lo triste es que, cuando tocas el tema de minería, todos son iguales. Tuvimos los mismos problemas en Argentina que en Venezuela. Los intereses son tan fuertes y tan complicados, que aunque te dicen “sí, sí te entiendo”, siempre llega un “pero…”: están maniatados. En Venezuela, el Gobierno nos dijo: “Manu, ¡solo faltaría que te metieras con el petróleo!” Todos son temas que llevan al tema más profundo, amplio y terriblemente actual del agua. El agua es y va a ser un problema en muchos lugares. Hace poco, estábamos con los wayuu en la Guajira, en Colombia, a los que les han quitado el acceso al río para poder irrigar cultivos de arroz intensivo bajo control paramilitar, mientras hay niños muriéndose de sed. Nos hemos involucrado en muchos otros temas, de los desplazamientos forzosos, de desaparecidos…

Recientemente has estado en territorio mapuche, en el sur de Chile y Argentina. ¿Cómo ves esa situación allá?

Allá es muy antigua la lucha, y ahora la problemática tiene mucho que ver con las hidroeléctricas, la industria forestal, la propiedad de la tierra de gente como Benetton. Con las comunidades mapuches tenemos contacto desde hace mucho tiempo. La última gira fue en febrero de 2016, en Neuquén y en Bariloche (Argentina). En los conciertos, las comunidades hablaron con micro abierto, y también visitamos algunas de las comunidades. En 2014, tocamos en Temuco (Araucanía, Chile), y con los contactos que tenemos pudimos acceder a varias comunidades para invitarlas y que llegaran. Fue importante que vinieran las diversas facciones, que son claras en el movimiento mapuche. Nuestra pequeña valoración positiva, por ejemplo del encuentro en Temuco, es que todas esas facciones vinieron, juntas, a hablar en el mismo micrófono. Son pequeños detalles que te hacen pensar que para algo sirve lo que haces. No es nada importante, sólo para unificar el poder un poco, porque creo que es superimportante darnos cuenta de que la división interna es del interés del enemigo, es una técnica ancestral de romper cualquier revolución. Las izquierdas, o lo que sea que seamos, somos muy fáciles para enfrentarnos entre nosotros, olvidándonos de quién es el verdadero enemigo. En este caso, el enemigo común son los pinos y las tierras que pertenecen a poderes extranjeros (como Benetton, aunque hay muchos más). En este último viaje a la Patagonia argentina, entramos en varias comunidades mapuches que son diferentes entre sí, que no piensan lo mismo: unos, por ejemplo, han aceptado la tierra que se les ha ofrecido; otras, más radicales, han dicho que no: “que no tengo que aceptarte nada, que esa tierra es mía; entonces me encapucho y la tomo”. Yo entiendo a las dos partes e intento que las dos se entiendan, porque no hay que olvidarse del principal enemigo.

¿Tu compromiso con estas luchas te ha puesto problemas con gobiernos o políticos?

Hasta hoy en día, nada grave. Pero tenemos la costumbre de las épocas del 2000, cuando Berlusconi hizo de nosotros un enemigo claro. Hay que cuidarse, por ejemplo tener un poco de cuidado para que nadie te meta un kilo de cocaína en la camioneta, no dejarla abierta… Porque rápidamente te pueden desprestigiar con cualquier cosa. Es difícil que te desprestigien por las cosas que estás luchando, porque todo el mundo sabe que tienes razón. Pero con ese tipo de cosas hay que ser muy cuidadoso para que no te hagan una jugada.

Otro ejemplo es lo que pasó en Atenco (México, 2006), cuando había personas con penas de más de cien años, acusadas de terrorismo, por oponerse al aeropuerto. Y, cuando la policía entró en el pueblo, habían matado a un par de chavales y violado a veintiséis mujeres. Fuimos a tocar a Atenco e hicimos acciones, y en una de las entrevistas que me hicieron hablé de terrorismo de estado. Resulta que por ley en México un extranjero no tiene derecho de hablar de política; entonces hubo un rifirrafe ahí. Y, sin embargo, la semana pasada había estado por ahí Aznar haciendo política por todo el país sin que nadie le incomodase…

¿Te has encontrado con muchos músicos locales que también muestran este compromiso, en Latinoamérica?

Hay tantos que la lista sería larga. Destacar a uno es difícil. Cada vez más, hay muchas, muchas bandas: cada vez se montan más cosas sobre el tema. Cuando montamos los CDs de “No a la mina”, el problema es más que nos sobra gente, o sea que hay que hacer más CDs porque la propuesta viene de muchos lados. Lo de la minería no era un problema que me afectase a mí cuando estaba en Europa, o del que yo ya estaba concienciado: a mí, esa conciencia me llego allí, precisamente cuando empezamos con esto de “No a la mina” allá. Entonces empezaron a llegarme gente de Europa hablándome de los problemas de la minería aquí, en Galicia, en Asturias, en Grecia, en Túnez. No es solo ahí tan lejos, lo de minería también es acá en Europa, también es aquí en el Estado español. Sin hablar del África, porque no conozco, que es peor. Es lo que estamos hablando, pero peor.

¿Qué posibilidades y dificultades tienen los músicos para mostrar su compromiso social, ambiental, sin ser cooptados?

Ese es el eterno problema… Hay músicos activistas que a veces critican a músicos que hacen concesiones de ir a tocar por ahí o por allá en cosas privatizadas. Yo no voy a echarle la piedra a nadie. Un músico es un trabajador; si tiene hijos y tiene que dar de comer a sus hijos, que vaya a hacer un concierto para los Cuarenta principales es un curro como cualquier otro. ¿Quién es quién para juzgar a quién? Uno tiene que alimentar a sus hijos; luego cada uno con sus criterios y sus posibilidades. Yo tengo muy buenos amigos y músicos que trabajan en la Seat o para Mercedes o en la fábrica; en cualquier empresa que estés trabajando te estás vendiendo. Hay muy muy poca gente que pueden decir que viven de algo que esté cien por cien limpio. Entonces, si es una cuestión de subsistencia, yo lo puedo entender. Luego si es una cuestión de ego, o de querer ser mejor que el otro y ser rico, y te vendes por una chorrada…, allá tú: problema de cada uno. Y, con la parafernalia que tienen, o les funcionará o no les funcionará… Esos que van por ese camino tendrán que enfrentarse con otros veinte mil que quieren ser ricos y famosos por la tele y tendrán que entrar en el sistema de la competencia y en el sistema de ahogar al otro para llegar tu primero, y los de arriba aplaudiendo y escogiendo a quien más le gusta. Eso es en todos los oficios; no es un problema del músico, sino de la sociedad… El que, por filosofía de vida, tiene una pequeña tienda de fruta ecológica, se enfrenta a un supermercado que está al lado. El problema es global. Un concierto en una sala de conciertos no es lo mismo que montar un festival patrocinado por Damm u otros, así que la cuestión es elegir lo que tú quieres y lo que tú puedes hacer.

¿Cómo haces los contactos con los activistas locales? Por ejemplo, Berta Zúñiga Cáceres estuvo en el escenario de tu reciente concierto en L’Hospitalet de Llobregat, en Barcelona.

Los contactos son muchas veces informales. Por ejemplo, el contacto con Berta se hizo aquí, en el campo de futbol del barrio, ya que juego al futbol con muchos músicos de calle activistas. Uno de ellos, del colectivo argentino Hijos, nos contactó con Berta y la delegación del COPINH. Con la gente de Hijos, por ejemplo, estamos trabajando desde hace muchos años, desde 1992 hemos hecho muchos conciertos con ellos en Argentina.

¿Recuerdas algún concierto especialmente emotivo o significativo en América Latina?

Ha habido muchos, algunos multitudinarios. Desde 1990, muchísimos. Pienso más en pequeños momentos, en detalles, que en grandes eventos. Por ejemplo, cuando acampamos delante de Monsanto en Malvinas Argentinas (provincia de Córdoba, Argentina). Yo tocaba en Córdoba; durante el concierto, organizamos para que unos activistas subieran al escenario; pero al terminar, a las siete de la mañana, fuimos a acampar y cantar a las puertas de Monsanto. Y de aquella experiencia ya salió un futuro concierto, multitudinario y que sirvió para financiar considerablemente la acampada. Desde aquel detalle se puso en marcha la siguiente acción, y así como una cadena.

¿Habéis variado giras en función de las luchas?

No, pero sí al revés. Hemos planificado giras en función de determinados conciertos especiales para financiar determinadas luchas. O sea, vamos a un determinado concierto, pero para que sea económicamente factible y los beneficios vayan a la causa, tenemos que programar otros conciertos. Pasa a menudo cuando vamos a América Latina. Vamos allí cada año desde hace ya mucho.

Por último, ¿nos podrías contar una historia en concreto que para ti sea significativa?

Cada una lo es. A veces hacemos conciertos en lugares en que las comunidades viajan hasta trescientos kilómetros; son esfuerzos de muchas cosas que esa gente hace. Es difícil sacar uno que sea más emblemático que otros.

Hay lugares en que toda la población ha decidido que no quiere la mina, teniendo que manejar el difícil problema económico, ya que tienen que decidir alternativas de las que van a vivir. En el caso de Esquel (Argentina), fue algo más fácil porque había turismo. Entonces el pueblo tuvo la opción de elegir entre mina o turismo. Todo el pueblo estaba apoyando. Hay otros lugares donde, como nos contaba una compañera colombiana de Cali, hay una tradición de minería artesanal de oro, como en los pueblitos de Cauca. Pero ahora, al abrir una minería grande de oro, han contaminado el río. Y ella me decía: “Nos consideran como gente pobre, pero aquí con clima tropical nunca hubo hambre. La fruta cae, vas al río, agarras el pescado, nunca faltó la comida para la familia ni para acoger visitantes, nunca nos hemos considerado pobres.” Y añadía: “Ahora tenemos un problema de comida, y mi dilema es: yo tengo hijos. Tengo dos opciones. Si quiero que no tengan hambre, voy a por el pescado, pero yo sé que doy a mi hijo un pescado contaminado. Si no le doy el pescado, lo que doy a mi hijo es hambre.” Esa es la elección para una madre: el pescado contaminado o el hambre. Y allá la minería no se anda con tonterías, allá son dos sicarios y te matan, son pueblos muy aislados. La persona que me contó esa historia está desplazada, no puede vivir en su pueblo porque la matarían. En todos lados encontramos gente muy valiente, muy determinada.

Entrevista realizada por Marien González, Raimon Ràfols e Irmak Ertör

Fotos cedidas por Manu Chao

Publicado en: www.ecologiapolitica.info

Asesinan a otra destacada luchadora social

Una multitud de hondureños y hondureñas dio su último saludo a Lesbia Yaneth Urquía, una incansable dirigente comunitaria asesinada el 5 de julio por su lucha contra el modelo extractivista y la expansión de los proyectos hidroeléctricos en el departamento de La Paz, al oeste de Honduras.

Lesbia Urquía, de 49 años, había salido de su casa con su bicicleta el martes pasado y no había regresado. Su cuerpo fue hallado el siguiente día en un basurero municipal de la ciudad de Marcala, con múltiples heridas cortantes en la cabeza y otras partes del cuerpo.

La destacada activista y dirigente indígena lideraba una fuerte lucha en defensa de los bienes comunes de la naturaleza, ante el avance de las políticas de concesionamiento y privatización de los ríos en el departamento occidental de La Paz.

Vinculada al Consejo Cívico de Organizaciones Populares e Indígenas de Honduras (Copinh), cuya lideresa y coordinadora Berta Cáceres también fue asesinada el pasado 2 de marzo, Urquía y las comunidades Lencas de la zona estaban llevando adelante una oposición férrea al proyecto hidroeléctrico Aurora 1.

En este proyecto, que se pretende realizar en el municipio de San José, tienen una vinculación directa Gladis Aurora López, actual presidenta del oficialista Partido Nacional y vicepresidenta del Congreso, y su marido Arnold Castro.

En los días previos al brutal asesinato, en la ciudad de Marcala, el gobierno hondureño y Naciones Unidas estaban realizando una actividad para dar a conocer un proyecto de ley que reglamentaría los mecanismos de la Consulta Previa, Libre e Informada, prevista por el Convenio 169 de la OIT sobre Pueblos Indígenas y Tribales.

De acuerdo con declaraciones de las comunidades locales, los impulsores del proyecto Aurora 1 habrían presionado al gobierno para que suspendiera dicha actividad pública.

Además, las comunidades indígenas de la zona preparaban otra jornada de consulta en el municipio de Santa Elena, para opinar sobre la realización de un nuevo proyecto hidroeléctrico sobre el río Chinacla, cuya concesión fue otorgada a la empresa de Arnold Castro.

Copinh reacciona
“Fue un feminicidio político”

Ante este nuevo asesinato que suscita un clamor mundial, el Copinh emitió un duro comunicado.

“La muerte de Lesbia Yaneth constituye un feminicidio político que busca callar las voces de las mujeres que, con coraje y valentía, defienden sus derechos en contra del sistema patriarcal, racista y capitalista, que cada vez más nos acerca a la destrucción del planeta”, se lee en el documento.

La organización indígena recordó que este nuevo crimen se produce a 4 meses del asesinato de Berta Cáceres “y nos confirma la puesta en marcha de un plan para desaparecer a quienes defendemos los bienes comunes de la naturaleza”, denunció el Copinh.

De esta grave situación, el Copinh responsabilizó al gobierno del presidente Juan Orlando Hernández, a las fuerzas militares y policiales y a todos las instituciones gubernamentales “que deben cumplir con la protección de todas y todos los defensores de derechos humanos y de los bienes comunes de la naturaleza”.

También Naciones Unidas reaccionó ante la muerte violenta de Lesbia Urquía y volvió a condenar el asesinato de Berta Cáceres.

“Sus voces individuales han sido silenciadas, pero las causas que apoyaban son reforzadas por aquellos que continúan alzando la voz por la justicia”, dijo Phumzile Mlambo-Ngcuka, directora ejecutiva de ONU Mujeres.

Asimismo, la Unión Europea expresó su extrema preocupación por el clima de violencia en Honduras y el asesinato de la activista y dirigente indígena.

“El asesinato de Lesbia Yaneth Urquía se añade a la terrible lista de defensores de los derechos humanos que han sido asesinados recientemente en Honduras”, dijo Federica Mogherini, representante de la UE para la Política Exterior.

“Las autoridades deberían dar rápidamente más pasos urgentes y decisivos para proteger a los defensores de derechos humanos en el país”, y eso incluye “investigaciones imparciales que lleven al enjuiciamiento y acusación de los responsables de esos actos”, así como “una protección eficaz para otras potenciales víctimas”, indicó Mogherini.

De acuerdo con el informe “¿Cuántos más?” de la organización Global Witness, Honduras es el país más peligroso per cápita para los activistas ambientales y de la tierra con 101 asesinatos entre 2010 y 2014.

En 2015, el informe “En terreno peligroso”, la misma organización señala que más de tres personas a la semana murieron asesinadas por defender su tierra, sus bosques y sus ríos frente a industrias destructivas.

Por: Giorgio Trucchi | Rel-UITA

El asesinato de Brenda Estrada es sólo el último de una larga lista de crímenes.

Defender los derechos laborales, la tierra, los recursos naturales y ejercer el periodismo siguen siendo actividades de altísimo riesgo en Guatemala. Según la Red de Defensores de Derechos Laborales, entre 2004 y 2013 fueron asesinados al menos 70 sindicalistas. Sólo 18 de estos casos fueron juzgados y cuentan con una sentencia firme.

El último asesinato ocurrió el pasado 19 de junio, cuando Brenda Marleni Estrada Tambito, subcoordinadora de la Comisión de Asesoría Jurídica de la Unidad Sindical de Trabajadores de Guatemala (Unsitragua Histórica) e hija del reconocido sindicalista Jorge Estrada, fue ultimada por unos desconocidos.

La defensora de los derechos laborales conducía por la Zona 1 de la capital guatemalteca cuando un vehículo se le acercó y los ocupantes abrieron fuego. Brenda Estrada recibió cinco impactos de bala que le quitaron la vida.

Antes de ser asesinada, Estrada estaba asesorando, junto con su padre, la negociación de pactos colectivos en fincas bananeras del Departamento de Izabal.

El grave atentado generó el repudio de organizaciones nacionales e internacionales.

La Federación Sindical de Trabajadores de la Alimentación, Agro Industria y Similares (Festras) expresó su “más enérgico rechazo y condena” por el asesinato, y se solidarizó tanto con la familia de la sindicalista como con el Movimiento Sindical y Popular Autónomo Guatemalteco [1].

Asimismo, instó al Ministerio Público y a la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (CICIG) a investigar y castigar a los responsables materiales e intelectuales del atroz crimen.

Por otro lado, el Sindicato de Trabajadores de Embotelladora Central S.A. (STECSA) solicitó a las organizaciones sindicales nacionales e internacionales, entidades de derechos humanos y al pueblo guatemalteco, “sumarse a la condena y la exigencia para que este hecho no sea otro crimen contra el movimiento sindical y social guatemalteco que quede en la impunidad”.

Condena internacional
No más impunidad

El Observatorio para la Protección de los Defensores de Derechos Humanos, programa conjunto de la Organización Mundial Contra la Tortura (OMCT) y de la Federación Internacional de Derechos Humanos (FIDH), se pronunció con fuerza contra el asesinato de Brenda Estrada.

En un comunicado expresó su “absoluto rechazo” y exigió que las autoridades competentes emprendan “una investigación inmediata, exhaustiva e imparcial sobre los hechos ocurridos, así como sobre los demás asesinatos de personas defensoras de derechos humanos en Guatemala”.

Señaló que este nuevo ataque mortal se produce poco tiempo después de los asesinatos del dirigente social Daniel Choc Pop, de los periodistas Víctor Hugo Valdés Cardona y Diego Salomón Esteban Gaspar, y de los defensores de derechos humanos Walter Manfredo Méndez Barrios, Rigoberto Lima Choc y Sebastian Córdova Sajic.

Ataque indiscriminado
Defensores y defensoras bajo ataque

De acuerdo con Global Witness, en 2015 más de tres personas a la semana murieron asesinadas por defender su tierra, sus bosques y sus ríos frente a industrias destructivas.

En su informe Terreno peligroso se documentan 185 muertes que acaecieron el año pasado en el mundo, un 60 por ciento más respecto al año anterior. De estos asesinatos, el 66 por ciento (122) ocurrió en América Latina.

El último ataque mortal se dio este 6 de julio en Honduras, donde la lideresa comunitaria y defensora ambiental Lesbia Yaneth Urquía Urquía fue brutalmente asesinada por desconocidos.

Urquía era una firme opositora del concesionamiento y privatización de los ríos en el departamento de La Paz y estaba directamente vinculada al Consejo Cívico de Organizaciones Populares e Indígenas de Honduras (Copinh), cuya coordinadora Berta Cáceres también fue asesinada el pasado 2 de marzo.

[1] -Confederación de Unidad Sindical de Guatemala (CUSG), Central General de Trabajadores de Guatemala (CGTG), Unión Sindical de Trabajadores de Guatemala (UNSITRAGUA), Movimiento de Trabajadores Campesinos y Campesinas de San Marcos (MTC).

Por: Giorgio Trucchi | Rel-UITA

Frente a los golpes mediáticos, respuesta popular

Los medios de difusión del poder económico se han convertido en eje articulador de la ofensiva contra los gobiernos progresistas de la región. Esos medios son, en forma creciente y orgánica, protagonistas de los planes desestabilizadores promovidos por el poder económico impulsado por y desde Estados Unidos y Europa.

Hace cuarenta años se utilizaba a las fuerzas armadas para imponer un proyecto de dominación político, económico y social. Hoy, el escenario de la confrontación es primariamente simbólico y son los medios hegemónicos los que actúan para lograr un control absoluto a fin de reimponer los modelos neoliberales. El frente de batalla se trasladó al espacio simbólico, a la confrontación ideológica y cultural, al intento de asfixiar toda subjetividad crítica.

En este nuevo escenario, micrófonos, computadoras, teléfonos o cámaras de video son usados como armas de sometimiento personal y social.

La guerra por imponer imaginarios colectivos se da a través de medios cibernéticos, audiovisuales y gráficos, que se han convertido en la punta de lanza de las corporaciones económicas y los poderes fácticos de nuestros países, en muchos casos ligados a poderes judiciales, policiales y parlamentarios corruptos y antinacionales.

La llamada guerra de cuarta generación no se libra contra el raciocinio de nuestros pueblos, sino contra los sentimientos, en golpes bajos de manipulación, medias verdades y mentiras, que imponen, por su repetición permanente, en imaginarios colectivos desenlazantes de la desestabilización en nuestros países.

América Latina ha sido campo de prueba de este tipo de guerra: el golpe mediático en Venezuela en 2002 y la desestabilización del país desde ese entonces, con campañas en la que se suman medios comerciales locales, dirigidos generalmente por medios y agencias noticiosas, televisoras y radios de otros países, muchos de ellos.

A este “globo de ensayo” se sumaron intentos en Ecuador y Bolivia, los golpes “blandos” en Paraguay y Honduras, la manipulación mediática como factor decisivo en las campañas electorales en México y Argentina y, finalmente, el golpe judicial-parlamentario- mediático que sufre hoy Brasil.

También en este nuevo tipo de guerra la verdad es la primera víctima. El uno por ciento que controla el mundo intenta aniquilar toda voz, toda imagen, que no es la “verdad única” transmitida por los medios hegemónicos.

Blancos principales de la guerra mediática son los medios públicos y populares de nuestros países, y las legislaciones que, promovidas por los movimientos populares, impulsaron la democratización de la comunicación. Son golpes directos al pluralismo, al derecho humano a la información y comunicación, a la diversidad de nuestros pueblos, retornando violencias que creíamos ya superadas, como el machismo, la xenofobia, el racismo y la exclusión.

Pero también la integración soberana de nuestros pueblos es blanco de esta guerra, para aniquilar lo que se construyó en los últimos tres lustros, y para reimponer una integración subordinada a los poderes económicos, financieros y bélicos del mundo.

El Foro de Comunicación para la Integración de NuestrAmérica manifiesta su honda preocupación por este evidente retroceso democrático en varios de nuestros países, y asimismo condena la represión y asesinatos sistemáticos de comunicadores populares en varios de nuestros países.

El Foro de Comunicación para la Integración de NuestrAmérica insta a las organizaciones de integración regional a condenar estas prácticas y llama a los movimientos sociales y populares y a los medios populares –libres, comunitarios, independientes, alternativos– de Nuestra América a trabajar en común para defender el derecho humano a la información y la comunicación y para desterrar de una vez por todas estas prácticas retrógradas y antidemocráticas.

Foro de Comunicación para la Integración de NuestrAmérica (FCINA)

* Declaración presentada en el marco del Foro Latinoamericano y Caribeña de Comunicación Popular y Comunitaria (Quito, 28-30 de junio de 2016)

El Consejo Cívico de Organizaciones Populares e Indígenas de Honduras con mucho pesar comunica a la comunidad nacional e internacional del asesinato de la compañera Lesbia Yaneth Urquía Urquía de 49 años, madre de dos hijas y un hijo, del municipio de Marcala, La Paz.

La compañera Lesbia Yaneth era una destacada lideresa comunitaria vinculada al COPINH desde las protestas en contra del golpe de Estado del año 2009 y activa militante en la defensa de los bienes comunes de la naturaleza y los derechos indígenas en contra de la construcción de la represa hidroeléctrica Aurora I del municipio de San José, La Paz en la cual tiene vinculación directa la presidenta del Partido Nacional y vicepresidenta del Congreso Nacional, Gladys Aurora López.

Lesbia Yaneth fue una ferviente defensora de los derechos de las comunidades y opositora del consesionamiento y privatización de los ríos en el departamento de La Paz.

El asesinato de la Lesbia Yaneth se da suspicazmente en el marco de un proceso de “consulta” llevado a cabo por el gobierno de Honduras acerca de la aprobación del proyecto de ley de reglamentación del mecanismo de la Consulta Previa, Libre e informada a la que tenemos derecho las comunidades indígenas amparadas en la legitimidad de nuestra historia y el convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), estas reuniones en las que el gobierno pretende impulsar su propuesta de ley se llevaron a cabo en el municipio de Marcala los días 4 y 5.
Este asesinato se produce a 4 meses y 4 días del asesinato de nuestra compañera y lideresa, Berta Isabel Cáceres Flores, y nos confirma la puesta en marcha de un plan para desaparecer a quienes defendemos los bienes comunes de la naturaleza, organizados en el COPINH.

La muerte de Lesbia Yaneth constituye un feminicidio político que busca callar las voces de las mujeres que con coraje y valentía defienden sus derechos en contra del sistema patriarcal, racista y capitalista, que cada vez más se acerca a la destrucción de nuestro planeta.

Responsabilizamos directamente por este asesinato al gobierno de Honduras, a cargo de Juan Orlando Hernández, a las fuerzas militares y policiales y a todos las instituciones gubernamentales que deben cumplir con la protección de todas y todos los defensores de derechos humanos y de los bienes comunes de la naturaleza, de igual forma a la señora Gladys Aurora López y su esposo Arnold Castro por ser fuente permanente de amenazas y conflictos por la construcción de proyectos hidroeléctricos en el departamento de La Paz.

El COPINH exige que cesen los asesinatos contra sus miembros y miembras y se haga justicia en encontrar a los culpables del asesinato del Lesbia Yaneth y de Berta Cáceres y que estos crímenes no queden en la impunidad.
Acompañamos en este profundo dolor a la familia de nuestra compañera.

Dado a los 6 días del mes de julio en La Esperanza, Intibucá.
Con la fuerza ancestral de Berta, Lempira, Mota, Etempica, Iselaca se levantan nuestras voces llenas de vida, justicia, libertad, dignidad y paz.

¡Lesbia Yaneth vive, la lucha sigue!
¡Berta vive, la lucha sigue!

COPINH

Radio Temblor
Medio Alternativo del Colectivo Voces Ecológicas

Boletín Ecológico de Panamá # 93
De segunda quincena de junio de 2016

Donoso recupera su categoría de reserva natural

El área protegida de Donoso, en la provincia de Colón, volvió a recuperar su categoría de reserva natural, la cual había perdido en 2012. Un fallo de la Sala Tercera de lo Contencioso Administrativo de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), fechado el 25 de mayo pasado, ordenó mantener la protección del sitio ecológico. Dicha reserva, tiene unas 76 mil hectáreas de bosques tropicales, que forman del Corredor Biológico Mesoamericano.

Hidroeléctricas ligadas a expresidente Martinelli y familia

El Órgano Judicial concedió una prórroga abierta, sin límites, a la Fiscalía Séptima Anticorrupción para seguir las pesquisas por la supuesta comisión del delito de blanqueo de capitales en la investigación relacionada con la construcción de dos hidroeléctricas ligadas al expresidente Ricardo Martinelli y a sus hijos Luis Enrique y Ricardo Alberto Martinelli Linares. Las autoridades del Ministerio Público abrieron este expediente en septiembre de 2015 bajo la modalidad de tipo penal, debido al movimiento de dinero relacionado con la construcción de las hidroeléctricas San Bartolo y Las Cruces, que se desarrollaron en la provincia de Veraguas.

Retorna el proyecto Riego de Tonosí

Un fallo del Tribunal Administrativo de Contrataciones Públicas revivió el polémico contrato del proyecto Riego de Tonosí, que fue terminado por el Ministerio de Desarrollo Agropecuario (MIDA) en noviembre pasado. De acuerdo con el fallo, la resolución en la que el MIDA resolvió administrativamente el contrato no fue publicada en el expediente electrónico del sitio web PanamaCompra, sino en otra parte de la página, identificada como “lo más reciente”. Por este tecnicismo, los magistrados del Tribunal concedieron un recurso de apelación que interpuso la empresa ecuatoriana Hidalgo & Hidalgo (H&H), contratista del Estado para el diseño y construcción del proyecto Riego de Tonosí.

Dos empresas a trabajos comunitarios por fumigar área en Herrera

El Juzgado de Garantía de la provincia de Herrera dictaminó que los representantes legales de las empresas Agro Ganadera Los Ñopos, S.A. y Agro Fumigaciones Agrícola, S.A. deben realizar trabajos comunitarios por efectuar una fumigación aérea en helicóptero en la comunidad de La Llanita, corregimiento de La Pitaloza, distrito de Los Pozos. El dictamen del juzgado indica que los representantes legales deben plantar 320 árboles y permitir la regeneración natural de seis hectáreas.

Suspenden llenado del proyecto hidroeléctrico Barro Blanco

El llenado del proyecto hidroeléctrico Barro Blanco se mantendrá suspendido hasta que se llegue a un acuerdo en la Mesa de Diálogo, así lo manifestó un comunicado enviado por la Cancillería de la República de Panamá. La información se dio a conocer luego de una reunión el miércoles 29 de junio entre la Comisión de Alto Nivel del Gobierno, encabezada por la vicepresidenta Isabel de Saint Malo de Alvarado, y la Comisión Indígena, liderada por las autoridades tradicionales de la Comarca Ngäbe Buglé.

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Lanzamiento de la Jornada Continental por la Democracia y Contra el Neoliberalismo

8 de julio de 2016

16h (horario de Brasil) – Auditório 01 – Faculdade Zumbi dos Palmares – Clube de Regatas Tietê – São Paulo – Brasil –

Luego de una década de la derrota del ALCA – Área de Libre Comercio de las Américas – nuestro continente enfrenta una nueva ofensiva neoliberal.

Esta ofensiva se expresa en la radicalización de las diferentes formas de apropiación y despojo de los derechos de los pueblos y en ataques a los pueblos originarios, campesinas/os, trabajadoras/es, mujeres, jóvenes y a las diversidades raciales, culturales y sexuales, que luego de luchas y resistencias recuperaron su capacidad de ser protagonistas de los procesos de cambios y transformaciones en la región.

Adicionalmente los golpes de Estado consumados en Haití (2002), Honduras (2009), Paraguay (2012) y en curso en Brasil demuestran que el mercado que domina nuestras vidas quiere acabar con el proceso reciente de transformación protagonizado por los pueblos, que resultó en más derechos para todas y todos, mayor inclusión social, soberanía sobre sus territorios y bienes comunes y con más formas y herramientas democráticas para el ejercicio político y la participación popular.

Nosotros y nosotras, participantes y herederos de las luchas contra los regímenes militares en América Latina y Caribe y la violencia institucionalizada de los Estados, que en todo el continente nos levantamos contra la agenda de libre comercio, privatización, exclusión y pobreza representado en el derrotado proyecto neocolonial del ALCA y que buscamos construir desde nuestras resistencias respuestas para el “Otro Mundo Posible” hoy decimos: no dejaremos que se instale en nuestro continente un nuevo ciclo de dictaduras, impuestas por poderes ejecutivos, judiciales y legislativos al servicio de los intereses del mercado capitalista.

Los principios de la solidaridad y del internacionalismo nos unen, así como la certeza de la necesidad de una transformación sistémica contra el capitalismo, el patriarcado, el colonialismo y el racismo.

Es un nuevo momento para retomar la acción unificada de los pueblos de las Américas para oponernos a quienes insisten en su agenda de destrucción, desintegración y exclusión.

Llamamos a la diversidad de organizaciones, movimientos y expresiones sociales comprometidas con la transformación social a avanzar en este proceso de articulación y tomar las calles de Nuestra América el 4 de noviembre de 2016 para gritar a una sola voz:

¡Ni un paso atrás! ¡

¡Los pueblos seguimos en lucha por nuestra integración, autodeterminación y soberanía, contra el libre comercio y las transnacionales!

#JornadaContinental

seguimosenlucha.wordpress.com

Organizaciones que se suman inicialmente a la convocatoria:

Confederación Sindical de Trabajadores/as de las Américas, Coordinadora Latinoamericana de Organizaciones del Campo/ La Vía Campesina, Marcha Mundial de las Mujeres, Amigos de la Tierra América Latina y el Caribe, ALBA Movimientos, Centro Martin Luther King, Capitulo Cubano de ALBA Movimientos, Jubileo Sur/ Américas, Internacional de Servicios Públicos, Campaña para Desmantelar el Poder de las Transnacionales.

El asalto a la universidad efectuado por las fuerzas de “seguridad” hondureñas, el pasado primero de julio en horas de madrugada, forma parte de la estrategia neoliberal de convertir la educación en un simple negocio.

El allanamiento a la Universidad tuvo como resultado 60 estudiantes criminalizados, al mismo tiempo que la rectora Julieta Castellanos impuso por el momento la aniquilación del diálogo y demostró que en la Honduras post golpe, la militarización es el recurso del método. El Ministerio Público reclamó la presencia policial y militar de forma permanente en la universidad para así descartar la protesta social.

No deja de ser inaudito para muchos que la rectora Castellanos recurriera a la siniestra Policía Nacional para resolver la crisis en la universidad, cuando ella misma ha sido blanco de las agresiones policiales además del asesinato de su hijo. Pero todo parece indicar que en Honduras existe un aire de amnesia política, la cual permite recurrir a la violencia y la distorsión de los hechos, como si en Honduras en los últimos siete años no se hubieran dado más de 400 masacres y cincuenta mil muertos.

La oleada de privatizaciones que vienen promoviendo los organismos financieros internacionales incluye por supuesto la educación, uno de los negocios más pingues del planeta, y el que viene siendo de los años 90 uno de los objetivos principales de las reformas neoliberales.

Aunque las autoridades de la UNAH intenten negar la privatización como el trasfondo a la reforma, una publicación del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) intitulada “Las reformas educativas como del Estado”, señala la importancia de las Alianzas público-privadas para la provisión de servicios educativos, además de hacer énfasis en los tan glorificados procesos de valuación.

En todo América Latina se escuchan clamores de disidencia ante la contrareforma planificada por organismos internacionales los que disfrazan las verdaderas intenciones de privatización tras la máscara de crear un sistema más eficiente donde la evaluación y la renovación tecnológica sirven como las herramientas con las que superará los rezagos existentes en relación a los sistemas educativos de los países industrializados.

La exclusión de los estudiantes del diálogo y la represión efectuada demuestra la actitud del actual régimen de imponer criterios y de manipular la opinión pública. Es increíble que un gobierno socavado por el irrespeto a los derechos humanos y la ausencia de control de bastas zonas del país que fueron entregadas al crimen organizado, utilice la mano dura de sus desacreditadas fuerzas de seguridad para imponer su “reforma”.

Es lamentable ver al alumnado universitario detenido y engrilletados, al mismo tiempo que los que han saqueado el país continúan incólumes y rampantes, demostrando el nivel de servilismo del aparato judicial.

Ciertamente se requiere una reforma educativa en el país en todos los niveles, pero que sea determinada por nuestras necesidades y objetivos, y para lograrla se tiene que basar en un dialogo destinado a lograr un consenso en búsqueda de una verdadera educación y no una simple escolarización dirigida a suplir ea mercado laboral.

Ratificamos que la educación debe ser liberadora y generadora de bienestar para la población. Acuerpamos y apoyamos la lucha estudiantil de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras, por una Educación Pública.

Organización Fraternal Negra Hondureña, OFRANEH

Foto: Movimiento Ampliado Universitario MAU

Informe Especial sobre los Derechos Humanos

Caso: Crisis de Barro Blanco en la Comarca Indígena Ngäbé Büglé República de Panamá

El lunes 23 de mayo, haciendo uso de la fuerza, se realizó el desalojo del campamento de los indígenas Ngäbé Büglé “Mama Tata”, y el martes 24 de mayo se inició el llenado de la represa Barro Blanco, que según datos de la empresa Generadora del Istmo S.A. GENISA llegará hasta 109 metros de altura con una velocidad de llenado de dos metros diarios. Terminando a su máxima capacidad en la primera semana de agosto del 2016.

Desde entonces se han presentado diversas manifestaciones y declaraciones públicas de las organizaciones indígenas y sus autoridades tradicionales en contra de este llenado, argumentando que debe prevalecer el Acuerdo del 10 de agosto del 2015 con las autoridades nacionales que en su articulado # 5 dice: “El Gobierno Nacional se compromete a no inundar el embalse ni iniciar operaciones del proyecto Barro Blanco, hasta tanto no se haya alcanzado un acuerdo final entre las partes en conflicto sobre el futuro del mismo, debidamente legitimado por las instituciones democráticas establecidas por la ley.”

Sin embargo, con este incumplimiento, se abre un capítulo de conflicto y tensión social en la zona.

A partir de tales hechos, la Red de Derechos Humanos de Panamá asumió la tarea de hacer una gira de observación al proyecto hidroeléctrico Barro Blanco del 12 al 15 de junio, con el propósito de elaborar un informe sobre las denuncias públicas relativas a las violaciones de los derechos humanos (DDHH) de las comunidades afectadas en río Tabasará.

Así pues, la misión en su informe constató que en efecto hay diversas formas de violencia que han afectado el sistema de vida en el territorio, las relaciones de los seres vivos y su interdependencia: territorio, biodiversidad, cultura, vida comunitaria, afectando principalmente a mujeres, ancianos, niñas y niños.

También se reportaron daños que no tienen manera de repararse, en la pérdida de la forma de vida de las comunidades y la ruptura de sus formas de vida. Sostienen que el daño causado revela inequidad y distribución desigual de beneficios entre los inversionistas y el estado panameño, y que se ha cometido una injusticia ecológica y social que tendrán que pagar las presentes y futuras generaciones.

Los hallazgos del informe corresponden al período de observación e investigación, la cual también sugiere que dada la complejidad del escenario político y la urgencia en las comunidades afectadas por el embalse, se deban retomar los estudios y análisis técnicos que hasta el momento revelan un trato injusto y poco transparente dado a las comunidades y al estado panameño.

Entre los actores entrevistados y visitados fueron:

El territorio, como actor central y afectado a su biodiversidad y su sustentabilidad. Así como la zona del embalse.

Personas de las comunidades de Quebrada Caña, Kiad y Campamento ubicado en Bella Vista, a un costado de la entrada del proyecto Barro Blanco. Al igual se entrevistaron a campesinos que tenían sus propiedades en la zona. Y Autoridades Tradicionales.

El equipo observador dentro del protocolo también entrevisto a otras entidades como: a un representante del Sistema Nacional de Protección Civil SINAPROC, Iglesia Católica de Tolé, un representante de la empresa GENISA y el comisionado de la Policía Nacional, cuyas declaraciones fueron en el marco de sus funciones, y sin detalles del desalojo.

De acuerdo a las informaciones recabadas y testimonios de las personas entrevistadas

Se identificaron diez (10) derechos y garantías fundamentales vulneradas:

– Derecho a la información y consulta previa

– Integridad personal, física como sicológica

– Libertad personal

– Derecho al libre tránsito y movilización

– Derecho a la propiedad privada

– Vulneración a los derechos de la niñez y adolescencia

– Daños a la vida y tejido comunitario

– Daño territorial

– Daños al patrimonio cultural

– Daños ambientales

Es urgente sistematizar las reiteradas violaciones en que ha incurrido la empresa de capital extranjero y las múltiples violencias a que ha sometido a las comunidades indígenas y campesinas del área. De manera tal que el actual gobierno como garante de los derechos humanos en todo el territorio nacional, tenga aún más elementos para rescindir dicho contrato por incumplimiento y violaciones de los Derechos Humanos.

Para las comunidades afectadas y entrevistadas, tomando la interrogante cuál es la solución que usted propone para salir de este problema, respondieron que la cancelación del proyecto es la única solución. Así como lo expreso una joven mujer de la comunidad de Kiad: “ la única solución es dejarlos vivir, dejar libre el río!”.

Período de investigación: 22 de mayo al 15 de junio

“Vivíamos tranquilos, comíamos bien de lo que produce nuestra tierra, íbamos a pescar y bañarnos en el río, los niños estaban bien. Pero ahora con Barro Blanco van a crecer y no van a tener donde trabajar, toda su tierra va a estar bajo el agua. Nuestros niños no van a tener la felicidad que nosotros vivimos antes del proyecto. Deseamos que le dejen el derecho de vivir del sudor de su frente. Hoy inundan nuestras casas y lugar de trabajo, nos cruzan el río gratis, mañana tendremos que pagar, con que vamos a pagar si no tendremos de qué vivir? Todo va a quedar muerto y privatizado.” Ciudadana madre de familia de la comunidad de Kiad.

Equipo observador de la Red de Derechos Humanos de Panamá
Ileana Molo Alvarado
Mariela Arce Andrade
Olmedo Carrasquilla Aguila

Producción y edición
Olmedo Carrasquilla Aguila

Narración
Mónica Valdés

Agradecimiento a las comunidades indígenas y campesinas entrevistas
Iglesia Católica de Tolé
A organismos e instituciones oficiales del estado panameño

La Red de Derechos Humanos de Panamá, es un espacio independiente, que agrupa a organizaciones sin fines de lucro, libre de partidos políticos, y en respeto a las creencias religiosas. Cuyo objetivo es la investigación, debate y acción para la defensa de los Derechos Humanos, la verdad y justicia panameña.

Descargue documento general: Informe Especial. Caso Barro Blanco – Indígenas Ngäbé Büglé

El asesinato de 185 personas defendiendo el ambiente en 16 países en 2015 convirtieron a ese año en el peor de la historia por el número de ambientalistas que perdieron la vida en el mundo, concluye el último informe de Global Witness.

Los asesinatos del año pasado, registrados en el informe “En terreno peligroso”, representan 59 por ciento más que los de 2014.

“El ambiente se convierte en el nuevo escenario donde se defienden los derechos humanos”, dijo a IPS el responsable de campaña para defensores de la tierra y el ambiente de Global Witness, Billy Kyte.

“A muchos activistas los tratan como si fueran enemigos del Estado, cuando deberían tratarlos como a héroes”, opinó.

El aumento de ataques obedece, en parte, al incremento de la demanda de recursos naturales, la que aviva los conflictos entre pobladores de zonas ricas y alejadas e industrias como la minería y la de madera, así como la agroindustria.

Una de las regiones más peligrosas para los ambientalistas es América Latina, donde ocurrieron 60 por ciento de los asesinatos en 2015. En Brasil, concretamente, perdieron la vida 50 defensores del ambiente, el mayor número de víctimas registradas ese año en el mundo.

La mayoría de los asesinatos en el gigante sudamericano ocurrieron en los estados de la Amazonia, de gran diversidad biológica y donde la intrusión de las haciendas, las plantaciones agrícolas y la tala ilegal propiciaron el aumento de la violencia.

El informe señala que bandas criminales “aterrorizan” a las comunidades locales a instancias de las “compañías madereras y de los funcionarios corruptos”.

El último asesinato fue el de Antônio Isídio Pereira da Silva. El líder de una pequeña comunidad agrícola del estado amazónico de Maranhão había sufrido varios intentos de asesinato y recibido amenazas de muerte por defender su tierra de la tala ilegal y de otros acaparadores de tierras. A pesar de las denuncias, nunca recibió protección y la policía no investigó su muerte.

Las comunidades indígenas, que dependen de la selva para vivir, soportan la mayor parte de la violencia. Casi 40 por ciento de los ambientalistas asesinados pertenecían a algún pueblo original.

Eusebio Ka’apor, integrante del pueblo Ka’apor en Maranhão, fue aseinado de un disparo por dos hombres armados y encapuchados que se desplazaban en una motocicleta. Las razones de su muerte: patrullar e impedir la tala ilegal en sus tierras ancestrales.

Otro líder de ese pueblo dijo a la organización de derechos humanos indígenas Survival International, que los madereros les habían dicho que era mejor entregar la madera que dejar que “muriera más gente”.

“No sabemos qué hacer porque no tenemos protección. El Estado no hace nada”, se lamentó el líder Ka’apor.

Miles de campamentos para la tala ilegal se montaron en la Amazonia para extraer madera valiosa como caoba, ébano y teca. Se estima que 80 por ciento de la madera de Brasil es ilegal y representa 25 por ciento de la que circula de forma ilegal en los mercados del mundo, la mayoría de la cual se vende en Estados Unidos, Gran Bretaña y China.

“Los asesinatos que quedan impunes en las aldeas mineras de difícil acceso o en la selva profunda aumentan al influjo de las opciones que eligen los consumidores en la otra punta del mundo”, puntualizó Kyte.

También denunció una “creciente connivencia” entre los intereses corporativos y estatales y un alto nivel de corrupción como responsables de los ataques contra los defensores del ambiente.

Un reflejo de ello es el actual caso de corrupción que involucra al megaproyecto de la hidroeléctrica en la localidad brasileña de Belo Monte, que siguió adelante a pesar de los reparos por sus consecuencias sobre el ambiente y las comunidades locales que, además, se usó para generar 40 millones de dólares para los partidos políticos.

Aun frente a la posibilidad de un escándalo público, apuntó Kyte, la legislación ambiental siguió debilitándose en Brasil.

El nuevo gobierno interino, encabezado por el exvicepresidente Michel Temer, propuso una enmienda que reduciría el proceso de otorgamiento de licencias ambientales para infraestructura y el desarrollo de megaproyectos con el fin de recuperar la atribulada economía brasileña.

En la actualidad, Brasil tiene un proceso que consta de tres etapas y en cada una de ellas se puede interrumpir un proyecto por motivos ambientales.

Conocida como PEC 65, la enmienda propone que las compañías solo envíen una declaración de impacto ambiental preliminar. Una vez cumplida esa etapa, los proyectos no podrán ser demorados ni cancelados por motivos ambientales.

El debilitamiento de importantes instituciones de derechos humanos también supone una amenaza para el ambiente y sus defensores.

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) atraviesa un grave déficit financiero que podría derivar en la pérdida de 40 por ciento de su personal para fines de julio, con serias consecuencias para la continuación de su labor.

De hecho, ya suspendió las visitas a los países y podría verse obligada a interrumpir sus investigaciones.

Muchos países de América Latina dejaron de contribuir a la CIDH por discrepancias con sus investigaciones y sus conclusiones.

En 2011, la comisión solicitó a Brasil “la inmediata suspensión de la licencia” al proyecto de Belo Monte a fin de consultar y proteger a grupos indígenas.

La respuesta del gobierno brasileño fue romper sus vínculos con la CIDH retirando su aporte económico y llamando a su embajador en la Organización de Estados Americanos (OEA), en el marco de la cual funciona la comisión.

“Cuando la CIDH anuncia que tiene que recortar 40 por ciento de su personal y cuando los estados ya se retiraron de la Corte Interamericana, ¿realmente tenemos una comunidad internacional?”, preguntó en mayo el alto comisionado de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) para los derechos humanos, Zeid Ra’ad Al Hussein, en el Consejo de Derechos Humanos.

“¿Existe cuando se tira de los hilos que la forman y el tejido, nuestro mundo, se deshace? ¿O solo son comunidades fragmentadas con intereses encontrados, estratégicos y comerciales, operando tras bambalinas con fingida adhesión a las leyes y las instituciones?”, insistió.

Zeid Ra’ad Al Hussein pidió a los estados que defiendan y apoyen económicamente a la CIDH, “una socia estratégica y una inspiración para todo el sistema de la ONU”.

Global Witness urgió al gobierno de Brasil y a los de América Latina a proteger a los ambientalistas, a investigar los crímenes que se cometen en su contra, a exponer los intereses corporativos y políticos detrás de su persecución y a reconocer formalmente los derechos de los indígenas.

Kyte subrayó, en particular, la necesidad de investigaciones internacionales que expongan los asesinatos de ambientalistas y señalen a los responsables, y destacó el caso de Berta Cáceres, la indígena ambientalista de Honduras, cuyo homicidio concentró la atención internacional y generó indignación en todo el mundo.

En marzo, Cáceres, quien se oponía a la hidroléctrica Agua Zarca, fue asesinada en su casa por dos hombres del ejército hondureño.

Una persona denunció que la ambientalista figuraba en una lista negra entregada a unidades del ejército de Honduras y entrenadas por Estados Unidos.

Por: Tharanga Yakupitiyage
Traducido por Verónica Firme

Para David Harvey el capitalismo entró en una fase destructiva que replantea la necesidad de volver a hablar de anticapitalismo, socialismo y comunismo.

¿Por qué es preciso pensar en una transición anticapitalista? ¿Y qué es lo que sería tal transición? La participación de David Harvey, profesor de Geografía y Antropología de la City University, de Nueva York, en el seminario de evaluación de los 10 años del Foro Social Mundial, en Porto Alegre, fue una tentativa de responder a estas preguntas.

La respuesta, en realidad, incluye, en primer lugar una justificación de la pertinencia de las preguntas. Después de la derrota de la Unión Soviética, de los regímenes socialistas del Este Europeo y de la caída del Muro de Berlín, hablar de anticapitalismo se tornó prohibido. El comunismo fracasó, el capitalismo triunfó y no se habla más del asunto: ese mensaje cruzó el planeta adquiriendo aires de sentido común. Pero los muros del capitalismo siguieron en pié y creciendo. Y excluyendo, provocando crisis, pobreza, hambre, destrucción ambiental, guerra…

Y es en los últimos años que se volvió a hablar de anticapitalismo y en la necesidad de pensar otra forma de organización económica, política y social. David Harvey vino a Porto Alegre a hablar de eso. Para él, la necesidad de volver hablar de anticapitalismo se apoya sobre algunos datos: el aumento de la desigualdad social, la creciente corrupción de la democracia por el poder del dinero, el alineamiento de los medios de comunicación con el gran capital (y su consecuente papel de cómplice de la corrupción de la democracia), la destrucción acelerada del medio ambiente.

Ese escenario exige una respuesta política, resume Harvey. Una respuesta política, en su criterio, de la naturaleza anticapitalista.

¿Por qué? El autor de La producción capitalista del espacio, presenta algunos datos de naturaleza económica para justificar esa afirmación.

El capital ficticio y la fábrica de burbujas

El capitalismo, en cuanto sistema de organización económica, está basado en el crecimiento. En general, la tasa mínima de crecimiento aceptable para una economía capitalista saludable es del 3 por ciento. El problema es que se está poniendo cada vez más difícil sostener esa tasa sin recurrir a la creación de variados tipos de capital ficticio, como viene ocurriendo con los mercados de acciones y con los negocios financieros en las últimas dos décadas. Para mantener esa tasa media de crecimiento será preciso producir más capital ficticio, lo que provocará nuevas burbujas y nuevos estallidos de las burbujas. Un crecimiento compuesto del 3 por ciento exige inversiones del orden de los 3 billones de dólares. En 1950, había espacio para eso. Hoy involucra una absorción de capital muy problemática. Y China está siguiendo el mismo camino, dice Harvey.

Las crisis económicas de los últimos 30 años, asegura, reposan (y al mismo tiempo, profundizan) en una disfunción creciente entre la cantidad de papel ficticio y la cantidad de riqueza real. “Por eso necesitamos alternativas al capitalismo”, insiste. Históricamente esas alternativas son el socialismo o el comunismo.

El primero terminó transformándose en una forma menos salvaje de administración del capitalismo; el segundo fracasó.

Sin embargo, esos fracasos no son una razón para desistir hasta porque las crisis del capitalismo se están volviendo cada vez más frecuentes y más graves, replanteando el tema de las alternativas. Para Harvey, el Foro Social Mundial al proponer la bandera de “otro mundo es posible”, debe asumir la tarea de construir otro socialismo u otro comunismo como alternativas concretas.

La irracionalidad del capitalismo

“En tiempos de crisis, la irracionalidad del capitalismo se vuelve más clara para todos. Excedentes de capital y de trabajo existen uno al lado del otro sin una forma clara de unirlos, en medio de un enorme sufrimiento humano y de necesidades insatisfechas. En pleno verano de 2009, un tercio de los bienes de capital en los Estados Unidos permaneció inactivo, mientras cerca del 17 por ciento de la fuerza del trabajo estaba desempleada o trabajando involuntariamente en regímenes de medio tiempo. ¡Qué podría ser más absurdo que eso!- sostiene Harvey en su libro Enigma del capital, que será lanzado próximamente por la editorial Profile Books. Él descarta, por otro lado, cualquier inevitabilidad sobre el futuro del capitalismo. El sistema puede sobrevivir a las crisis actuales, admite, pero a un costo altísimo para la humanidad.

No basta, por lo tanto, denunciar la irracionalidad del capitalismo. Es importante recordar, señala, Harvey, lo que Marx y Engels apuntaron en el Manifiesto Comunista con respecto a los profundos cambios que el capitalismo trajo consigo: una nueva relación con la naturaleza, nuevas tecnologías, nuevas relaciones sociales, otro sistema de producción, cambios profundos en la vida cotidiana de las personas y nuevos arreglos político-institucionales.

“Todos esos momentos tuvieron un proceso de co-evolución. El movimiento anticapitalista tiene que luchar en todas esas dimensiones y no solamente en una de ellas como muchos grupos hacen actualmente. El gran fracaso del comunismo fue el no conseguir mantener en movimiento todos esos procesos. Fundamentalmente, la vida diaria tiene que cambiar, las relaciones sociales tienen que cambiar”, afirma.

“Necesitamos hablar de un mundo anticapitalista”

Harvey está hablando de la perspectiva de un posible fracaso del capitalismo, de un punto de inestabilidad que afecte a los engranajes del sistema. Pero al mismo tiempo, él no apunta a ninguna inevitabilidad o destino histórico. Se trata de un diagnóstico sobre el tiempo presente. “El capitalismo entró en una fase de cada vez más destrucción y cada vez menor creación”.

Y cuáles serían, entonces, las fuerzas sociales capaces de organizar un movimiento anticapitalista en los términos antes señalados. La respuesta de Harvey es corta y directa: Hoy no hay ningún grupo pensando o hablando de eso. “Las ONGs y los movimientos sociales que participan en el FSM precisan comenzar a hablar de un mundo anticapitalista. La izquierda debe cambiar sus patrones mentales. Las universidades necesitan cambiar radicalmente”.

¿La justificación de esos imperativos? Harvey da un ejemplo más de la “racionalidad” capitalista actual.

En enero de 2008, 2 millones de personas perdieron sus casas en los Estados Unidos. Esas familias, en su mayoría pertenecen a las comunidades afroamericanas y de origen hispano, perdieron, en total, aproximadamente 40 mil millones de dólares. En aquel mismo mes, Wall Street distribuyó un bono de 32 mil millones de dólares entre aquellos “inversores” que provocaron la crisis. Una forma peculiar de redistribución de la riqueza, que muestra que, con esta crisis, muchos ricos están quedando más ricos. “Estamos viviendo un momento de negación de la crisis en los Estados Unidos. Los trabajadores, y no los grandes capitalistas, son quienes están siendo señalados como responsables. Es por eso que necesitamos una transformación revolucionaria del orden social”.

Fuente: David Harvey y la crisis del Capitalismo

La gestión del presidente Juan Carlos Varela, al cumplir dos años frente a la Presidencia de la República, (el 1 de julio) merece un balance. Hace poco más de dos años la ciudadanía sorprendió a todos dándole una mayoría relativa en las elecciones. Se decía que, entre los candidatos de los partidos tradicionales de la oligarquía panameña, era el menos malo.

El pueblo panameño no espera mucho del ocupante del Palacio de las Garzas. Le pide tres cosas al nuevo mandatario: Primero, respeto para los sectores sociales reprimidos. Segundo, erradicar la corrupción que corroe el país. En tercer lugar, promover una política exterior favorable para los intereses de todos los panameños.

Los sectores que dominan la economía del país, en cambio, si esperan mucho del presidente Varela. Para comenzar, mantener un ritmo de acumulación de riquezas basado en el despojo de los trabajadores. Además, organizar una alianza entre gobierno y empresa privada que le permita a esta última apropiarse de los contratos y concesiones más apetecibles. Por último, consolidar las relaciones entre la economía del país y los intereses de EEUU en el istmo.

Las encuestas que miden el desempeño de los políticos indican que el presidente Varela ha fracasado. Según éstas, sólo el 37 por ciento de los panameños consideran que el primer mandatario está haciendo un buen papel.

Las relaciones del gobierno con los sectores populares se iniciaron con malos augurios. El conflicto con el pueblo Ngobe-Buglé se agudizó con la ambigüedad mostrada en torno a la represa de Barro Blanco. Por otro lado, el Ministerio Público abrió expedientes contra varios ministros del gobierno anterior por delitos contra la cosa pública. Aún no se ven los resultados. El expresidente Ricardo Martinelli se auto-exilió en EEUU donde espera que se inicie un recurso de extradición.

Mientras que los imputados salían de sus encierros, por tecnicismos, comenzaron a producirse casos de corrupción en las propias filas del actual gobierno. A la falta de transparencia, se suman los tratados comerciales internacionales que arruinaron el agro y acabaron con la industria. Los sindicatos y gremios han denunciado las políticas erradas del gobierno y exigen correctivos.

Los banqueros y rentistas tampoco le han dado buenas notas al gobierno panameño después de dos años de trabajo. La tasa de crecimiento anual de la economía ha disminuido significativamente. EEUU ha lanzado una campaña mediática de desprestigio contra Panamá promoviendo escándalos que van desde los papeles de Mossack y Fonseca, hasta las fallas de la recién inaugurada ampliación del Canal de Panamá.

En resumen durante los primeros dos años de gobierno, el presidente Varela ha demostrado que no tenía un plan de trabajo cuando llegó al poder. Su equipo tampoco ha demostrado imaginación para enfrentar los retos tanto internos como externos. La falta de transparencia, la corrupción y la inseguridad siguen siendo problemas sin soluciones.

El presidente Varela puede sacar a relucir algunos logros importantes: La inauguración de las esclusas ampliadas, el inicio de los trabajos en la línea 2 del Metro y algunos otros proyectos iniciados por gobiernos anteriores. Sus fracasos son más notorios: El Canal de Panamá no se integra a un plan de desarrollo del país. El agro se encuentra en una crisis terminal. Tanto el sector educativo como los servicios de salud pública han colapsado sin perspectivas para una recuperación ni a largo plazo.

Mientras que Buenaventura (Colombia), Limón (Costa Rica), Mariel (Cuba) y otros puertos se preparan para servir de terminales de trasbordo para las mercancías que llegan al Canal de Panamá, las autoridades locales se pelean en torno al proyecto del puerto de Corozal en la entrada de la vía interoceánica. Panamá tiene condiciones para construir varios puertos de alto calado a lo largo de sus costas en dos océanos. Durante los dos últimos años no se ha trabajado en proyectos para el futuro del país. Sólo hay interés en las rentas que pueden generar las concesiones a corto plazo.

Las perspectivas son grises, especialmente si analizamos la nueva política de EEUU hacia Panamá. La correlación de fuerzas sociales en el país continúa favoreciendo a los rentistas y especuladores, en detrimento de los sectores productivos. Según estadísticas del gobierno, con Varela el 70 por ciento de las riquezas que se producen en el país se distribuyen entre unos pocos propietarios y sólo el 30 por ciento llega a la masa de los trabajadores asalariados.

Por: Marco A. Gandásegui, (hijo)
Gráfico: Marian Kamensky

Personas de comunidades afectadas, organizaciones ecologistas, representantes sindicales y legisladores y legisladoras participaron en un encuentro para definir estrategias conjuntas y construir soluciones frente a las problemáticas socioambientales y laborales asociadas a la expansión intensiva y extensiva del monocultivo de la piña en Costa Rica.

El encuentro, realizado el pasado 4 de junio, fue un espacio para fortalecer y ampliar los esfuerzos de lucha contra la expansión piñera, y poder llevar esta acción a una escala nacional e internacional. Uno de los objetivos que se cumplieron en esta reunión fue construir un plan de acción conjunta ante esta problemática.

En la reunión participaron personas del Frente Nacional de Sectores Afectados por la Actividad Piñera (FRENASAPP), la Asociación de Iniciativas Populares Ditsö, la Coordinadora Norte Tierra y Libertad, la Coordinadora de Lucha Sur Sur, el Foro Ecuménico para el Desarrollo Alternativo de Guanacaste (FEDEAGUA), el Sindicato de Trabajadores de Plantaciones Agrícolas de Costa Rica (SITRAP), los despachos de la diputada Patricia Mora y del diputado Edgardo Araya, del Frente Amplio, el programa Era Verde de la Universidad de Costa Rica, COECOCEIBA y la Red de Coordinación en Biodiversidad, entre varios otros.

Este esfuerzo es importante porque es un espacio donde existe una voluntad compartida y reúne a mucha gente y a muchos actores que, durante casi 20 años, han trabajado y estudiado el tema de los daños causados por las piñeras y acompañando a las comunidades afectadas.

En el país, el sector piñero sigue buscando un crecimiento agresivo y formas de competir con otros países exportadores de piña. Ha quedado claro que actores poderosos como la Cámara Nacional de Productores y Exportadores de Piña (CANAPEP) ejercen fuerte presión ante el actual Gobierno, tanto en políticas agrícolas como en medidas fitosanitarias. Cuando recientemente el Servicio Fitosanitario del Estado (SFE) -adscrito al Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG)- ordenó la inspección de contenedores de piña para exportación en los puertos de salida, los productores se quejaron por este endurecimiento de controles sanitarios, y presionaron al Gobierno hasta que se sacó al director de dicha instancia, Francisco Dall’Anese. La medida había sido dictada por un aumento en los casos de detección de insectos en estos contenedores, destinados a Estados Unidos.

En las últimas décadas han aumentado en Costa Rica las héctareas sembradas de piña, el número de transnacionales instaladas y es claro que se ha generado una dinámica de dependencia de las economías locales donde están las fincas piñeras.

Investigadores del Instituto de Estudios Sociales en Población (IDESPO) de la Universidad Nacional realizaron un estudio sobre jóvenes nicaragüenses y las dinámicas laborales en fincas piñeras de la Zona Norte, específicamente en las localidades de Guatuso, Pital y Aguas Arcas de San Carlos, Los Chiles, y Upala.

De acuerdo con el estudio, las 21 personas entrevistadas no tienen jornadas laborales claras ni vacaciones sino que sus horarios están sujetos a la demanda del mercado exterior y al período de cosecha. Trabajan un promedio de 6-7 días a la semana y entre 8-10 horas al día. Además, no existe un salario mínimo y éste varía según la finca. Las violaciones más graves ocurren con la figura del contratista, pues según las personas entrevistadas éste no tiene responsabilidad patronal, no les paga seguro social ni póliza de riesgos y se les obliga a largas jornadas de trabajo.

En abril de este año se dio a conocer el estudio “Condiciones de producción, impactos humanos y ambientales del sector piña en Costa Rica”. El reporte, elaborado por Oxfam y la Oxfam y la Asociación Regional Centroamericana por el Agua y el Ambiente (ARCA) estaba dirigido a los países consumidores de la piña que se produce aquí.

La investigación concluyó que grandes empresas piñeras que alaban la sostenibilidad vierten sus aguas residuales contaminadas con químicos cerca de reservas de agua potable sin ocultarlo; y que compañías responsables de contaminar aguas subterráneas no han pagado indemnización alguna ni construido el sistema de abastecimiento de agua requerido para subsanar el daño. Asimismo, se destacaron las quejas de las personas trabajadoras en las piñeras sobre sueldos, horas de trabajo e incumplimiento de derechos sindicales.

Después de tener un panorama sobre las principales consecuencias socioambientales y laborales causadas por la expansión piñera -y que son resultado de experiencias de ex-trabajadores, de personas vecinas de las fincas piñeras, y de investigaciones académicas-, en el Encuentro se discutieron las posibles rutas a seguir en conjunto para la construcción de alternativas.

Las y los participantes en el Encuentro aseguraron que continuarán trabajando en esa dirección, al lado de las comunidades que sufren las consecuencias directas del desarrollo, muchas veces irresponsable, de la actividad piñera; a vista y paciencia de todo el aparato institucional.

San José, 29 de junio, 2016.

Contactos:

Henry Picado, 8760-9800, [email protected]

Sofía Barquero, 8892-7959, [email protected]

Jeffery López, 8878-9009, [email protected]

Gerardo Barba, 8815-3475

Nota: Fabiola Pomadera

La Comisión de Alto Nivel del gobierno y las autoridades tradicionales de la Comarca Ngäbé Büglé retomaron la mesa de dialogo, y uno de sus puntos de agenda es que el próximo 6 de julio de 2016, el Gobierno de Panamá, mantendrá una reunión con representantes de los bancos financiadores de la hidroélectrica de Barro Blanco, para explorar opciones sobre la relación de Generadora del Istmo S.A. (Genisa) con el proyecto.

Luego, la Mesa de Diálogo de Barro Blanco volverá a reunirse para analizar las conclusiones de la reunión con los bancos y establecer el cronograma de llenado y vaciado de prueba, agrega un comunicado de la cancillería.

Según, vocero de la dirigencia indígena, manifestó que la suspensión del llenado de prueba del embalse se mantiene, pero con este gobierno y la ASEP no hay garantía de que cumplan su palabra.

Para el pueblo indígena, la prueba de llenado es una farsa, por que no se puede vaciar según informes de operación de la represa, y que las afectaciones son evidentes.

A pesar de que la inversión minera a nivel global ha experimentado un constante decrecimiento en los últimos cuatro años, afectado principalmente por la baja en el valor de los metales, América Latina sigue ocupando el primer lugar como destino para invertir en minería a gran escala. Si en 2014, la inversión en la región abarcaba el 27%, durante el 2015, alcanzó el 28%, seguida por Norteamérica (Canadá y EE.UU), con un 22%, Australia y el Sudeste Asiático con un 17%, África con un 14%, y el resto del mundo, con un 19%.

El fin del súper ciclo del precio de los minerales ha generado que se sitúe al sector en estado de “crisis”, pero además, hay otras dos razones que afectan de igual manera la baja, por un lado, hay
un considerable aumento en los costos de operación de las faenas, y por otro, existe una fuerte oposición que enfrenta la minería por parte de las comunidades.

A pesar de este escenario, se logra apreciar la tendencia a seguir expandiendo el modelo minero con el mismo nivel de intensidad, tanto por parte de los gobiernos (progresistas y neoliberales), como de las empresas mineras. Para ello, el sector ha utilizado este contexto de crisis a su favor, para reacomodarse y presionar a los gobiernos de turno, solicitando mayores facilidades y permisividades para las inversiones mediante el debilitamiento de las normativas ambientales, laborales y sociales. Así mismo, las empresas se encuentran realizando una serie de maniobras económicas, como ventas de yacimientos, acciones y/o fusiones
entre las mismas, y que en definitiva solo buscan fortalecer el rubro.

El fuerte impacto y las consecuencias que ha ido dejando la expansión de la frontera extractiva de la minería en la región, vulnera cada vez con más intensidad los derechos colectivos de las comunidades en donde se instalan, por lo que la defensa de los territorios es un componente central bajo este contexto de opresión. Actualmente América Latina concentra una “cantidad desproporcionada” de conflictos por las actividades mineras, según señala Cepal.

Frente a este escenario, como Observatorio de Conflictos Mineros de América Latina (OCMAL) nos interesa seguir facilitando espacios de intercambio y documentación que puedan servir como insumos para todas las comunidades afectadas por la megaminería. Y en esta línea, el presente documento es un esfuerzo de sistematización que realizamos por segundo año consecutivo, donde se reportan los
principales acontecimientos políticos y conflictos socioambientales de un número importante de países de América Latina, como es Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, El Salvador, Panamá, Perú y Uruguay.

En OCMAL esperamos poder contribuir en la construcción del balance general sobre la situación de la minería en la región durante el año 2015, desde la mirada de las mismas organizaciones que
son parte y sostienen esta red, y que siga siendo de utilidad para las comunidades, organizaciones, colectivos, instituciones y personas que se ven enfrentadas en conflictos socioambientales con la minería.

Descargue aquí: Conflictos Mineros en America Latina Extraccion Saqueo y Agresion 2015

NUESTRA PERSPECTIVA ECOPOLÍTICA

Se presentan las primeras lluvias, una transición no generalizada que tiene al estado en el plan contra la sequía y la nula preparación ante las primeras inundaciones. Una educación ambiental debe estar no solo a la prevención, sino a inculcar a la ciudadanía a estar preparado ante los desastres que el planeta presenta producto de la crisis capitalista que arrasa con los bienes comunes.

Ya hemos dicho que la gestión del agua no debe ser un paliativo a la actual crisis, que no se combate con agua embotellada, ni con tanqueros móviles. Sino un radical cambio de conciencia y praxis reciproco entre ciudadanos y gobiernos. Insistiendo en un dialogo permanente, sostenido de estudios e investigaciones, que debe ser asimilado por la gente a través de la educación popular.

Así como el cambio climático a tocado todos los cimiento de la vida, así debe tocar la responsabilidad del soberano por medio de estrategias de la lucha por una soberanía ecológica ante la crisis ambiental, la cual no solo debe estar plasmado en las letras de acuerdos emanados de los grandes foros mundiales como fue la COP 21 de París. Sino que debe de estar radicalmente programado del conocimiento ecológico político, como de la participación directa del ciudadano, en donde sea palpable su toma en las consultas y decisiones.

Una hidroeléctrica, o termoeléctrica, por más que este justificada de manera técnica, no es la alternativa a la crisis actual, sino cumulo de capital y contaminación contraproducente con los compromisos ante el cambio climático. Solo mirar la provincia de Chiriquí, es una evidencia del mal manejo, y máxime desconfiguración de la misión de un estado con la responsabilidad ambiental.

Descargue aquí: OBSAP 2016 #5.compressed

Comunicado de prensa. El territorio Indígena Bribri de Talamanca se pronuncia en contra de REDD+

Últimos acontecimientos

El 29 de abril del 2016, RIBCA firma acuerdo con ministro de ambiente, Edgar Gutiérrez, sin consentimiento de comunidades del territorio Bribri.

El 21 de enero del 2016 funcionarios de FONAFIFO son investigados por malversación de fondos de PSA, en la Asamblea Legislativa.

El 15 de octubre del 2015, cerca de 400 personas indígenas se manifiestan en la Casa Presindecial para anunciar su rechazo a REDD+ en territorio Bribri.

Reseña del conflicto

Desde el 2010 en reuniones, talleres, comunicados, conferencia de prensa y asambleas de hasta 300 personas, integrantes de las comunidades del Territorio Bribri del Caribe Sur han expresado que el proyecto REDD+ no beneficia a los pueblos indígenas.

Las comunidades tienen interés de poder comunicar en la Cumbre de los Pueblos los siguientes temas:

La firma de un contrato de REDD+ representa una puerta que permite se realicen otras negociaciones sobre el territorio bribri y sus recursos, con corporaciones e instituciones externas.

REDD+ contempla la restricción del uso comunitario del bosque en el Territorio Bribri, pretenden dejar un porcentaje de las hectáreas concedidas para el uso comunitario.

La negociación de este proyecto lleva más de 8 años, sin embargo, la mayoría de comunidades indígenas desconocen del proceso, a pesar de que el territorio se encuentra dentro de la negociación.

Las comunidades señalan el Convenio 169 y la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Pueblos Indígenas, dice que los gobiernos y corporaciones deben respetar que “nuestros recursos no se venden”, y advierten que el documento RPP afirma que el bosque es un bien trasferible (RPP, 2010: 90).

REDD+ es un negocio para las consultorías, en total el gobierno de Costa Rica giró durante el proceso de creación de estrategia $121, 500.00 dólares y $734233 dólares entregados a ADI’s para que comunicaran la estrategia (oficio DG-OF-062-2016). Sin embargo las comunidades del territorio Bribri desconocen del tema.

Las comunidades indígenas no tienen acceso a la información, ni tienen claridad en la distinción de etapas, actores y contenidos del Proceso de Consulta para territorios indígenas del país que se está aplicando desde el 2012.

Que la participación en las negociaciones con el gobierno se ha reducido a las ADI’s (Asociaciones de Desarrollo Integral) de cada territorio indígena en el país, más algunas pocas organizaciones como RIBCA (Red Indígena Bribri y Cabecar) que no representan las opiniones de todas las comunidades indígenas.

El Pago por Servicios Ambientales (PSA) es un pago por conservación que FONAFIFO entrega a la Asociación de Desarrollo Integral del Territorio Bribri (ADITIBRI) desde 1997 como proyecto de conservación en su territorio indígena, y este es tomado para promover REDD+ en el país. Sin embargo, e los impactos positivos del PSA, tanto en su lógica de conservación como con el manejo del dinero.

El 21 de enero del 2016 funcionarios de FONAFIFO fueron investigados por la comisión para el control de ingreso y gasto público de la Asamblea Legislativa, por malversación de fondos, quedando su caso en impunidad (Expediente 28149 y 28150 del 21/026/2016 / Asamblea Legislativa gobierno de Costa Rica).

2013 realizan un Recurso de Amparo por irregularidades de
representatividad en la construcción de la estrategia REDD+, pidiendo se respete el derecho a la consulta libre, previa e informada del Convenio No. 169 de la OIT No. 13-010897-0007-CO).

El 28 de agosto del 2014 alrededor de 300 personas de diferentes comunidades del territorio, reunidas en las instalaciones de ADITIBRI (Asociación de Desarrollo Integral Bribri) en Suretka, manifestaron al gabinete del MINAE, su descontento
con la estrategia de REDD+ en el país y rechazaron REDD+ para su territorio.

El 15 de octubre más de 400 personas de comunidades de territorio Bribri, asistieron a la Casa Presidencial para demostrar su rechazo a REDD+. Sus demandas no fueron escuchadas y el proceso de REDD+ siguió impulsándose-

Que REDD+ irrespeta principios de la cosmovisión indígena sobre el cuido de bosques al ponerle precio a la naturaleza, señalan: “El bosque es netamente natural y así nosotros lo cuidamos desde hace miles de años. En ningún momento nadie de afuera nos puede decir que son más sabios que nosotros, para saber las cosas y cuidar las cosas”.

Y que su vida con el bosque se ve amenazada con REDD+ “Esto (REDD+) violenta el derecho que Sibö nos dejó. Cambiaría que ya no tendríamos derecho a lo que antes teníamos, como las plantas para nuestras medicinas, para nuestras casas y para muchas otras cosas”.

Que se debe respetar las formas de cuido propias de los pueblos indígenas y más bien la sociedad en general, el gobierno y las corporaciones deberían cambiar sus prácticas extractivas y aprender de formas de cuido hacia la vida.

Descargue versión extensa: Comunicado de prensa. El territorio Indígena Bribri de Talamanca se pronuncia en contra de REDD+

A LA COMUNIDAD INTERNACIONAL

AL GOBIERNO DE NICARAGUA

AL GOBIERNO DE MÉXICO

A LA SECRETARÍA DE RELACIONES EXTERIORES

HECHOS

Este sábado 25 de junio de 2016, fueron detenidos, en la colonia Fonseca municipio de Nueva Guinea, activistas de derechos humanos que participaban en un taller sobre Cambio Climático y Nuevas Tecnologías.

Las personas detenidas responden a los nombres de Byron Reyes Ortiz (Costa Rica), Daniel Espinoza Jiménez (España), Salvador Tenorio Pérez (México), Emanuel de la Luz Ruiz (México), Ana Laura Rodríguez (Argentina), y Eugenio Pancelli Chávez. Estos activistas forman parte de la Caravana Mesoamericana por el Buen Vivir. Entre estos activistas se encuentran líderes indígenas como es el caso de Byron Reyes del pueblo Terraba.

Estas personas fueron detenidas junto con la dirigente Francisca Ramírez quien se ha destacado por su oposición a la construcción del canal interoceánico en Nicaragua y por liderar las protestas campesinas contra el megaproyecto, otorgado en una concesión de 100 años a una empresa china.

Cabe señalar que estos activistas y dirigentes fueron detenidos sin existir una denuncia formal, la policia de Nicaragua señala que fueron detenidos por la explosión derivada de la manipulación y uso de artefactos y sustancias explosivas. Los vecinos de la zona han desmentido esta versión.

Por todo lo anterior:

DEMANDAMOS

1. La Liberación inmediata de los activistas detenidos. Su detención es a todas luces arbitraria.

2. Garantizar la integridad física y psicológica de los activistas conforme a los estándares internacionales de derechos humanos, responsabilizamos al gobierno Nicaragüense en caso de cometer algún atentado físico o psicológico contra los miembros de la Caravana.

3. Realizar una investigación imparcial, veraz, inmediata y oportuna sobre los hechos para deslindar responsabilidades.

4. Exigimos la no criminalización de los movimientos sociales, especialmente de los activistas opositores a proyectos de desarrollo.

Oaxaca de Juárez, Oaxaca. Domingo 26 de Junio de 2016.

Servicios para una Educación Alternativa A.C. EDUCA

Enviar Acciones Urgentes a:

Procurador derechos humanos:

[email protected]

Presidente asamblea nacional:

[email protected]

[email protected]

Presidencia de la República de los Estados Unidos Mexicanos

[email protected]

Embajada de Costa Rica en Nicaragua

[email protected]

Secretaria de Relaciones Exteriores

[email protected]